A raíz de las últimas decisiones judiciales contrarias a los deseos e intenciones del Gobierno, el matrimonio Kirchner ha elucubrado la definición de “Justicia cautelar”. Ella abarca a todo aquel magistrado que falla en contra de alguna política oficial como ser las retenciones móviles a la soja, la remoción de Martín Redrado o la caducidad de Fibertel, entre otras. Fue el propio Néstor Kirchner quien, desde Nueva York, estrenó el concepto. “Que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza”, dijo.
La reacción en cadena fue inmediata: Cristina, Aníbal Fernández, Amado Boudou y el resto del Gabinete repitió el término hasta instalarlo en la agenda. Sin embargo, no hubo conflicto político del Gobierno en el que no haya existido una medida cautelar contraria a los intereses K.
Al principio, fue la soja. El 23 de abril de 2008, en Paraná, se dictó una medida cautelar contra la resolución 125. Un productor de Viale, Entre Ríos, presentó un amparo a través de su abogada María Victoria Daschevsky, que fue aceptado. Se lo consideró el primer fallo contra las retenciones móviles. Cinco días después hubo otra cautelar, aprobada por el Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Rosario, a favor de los Bolatti, una familia de productores agropecuarios.
Un mes después, el Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, a cargo del doctor Alfredo López, hizo lugar al reclamo de una empresa agropecuaria de Balcarce contra el Gobierno Nacional por la aplicación de los derechos de exportación aplicados sobre la soja y el girasol. Hubo otro en Santa Fe y también uno en la localidad bonaerense de 9 de Julio. Sin embargo, el kirchnerismo no levantó la voz para denunciarlo, ni cargó contra los jueces de turno.
Ley de Medios. El primero en decretar una medida cautelar fue el juez Edmundo Carbone, subrogante del Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 1. Fue el 16 de diciembre de 2009 a raíz de una presentación del Grupo Clarín. Su acción mereció una descalificación de Aníbal Fernández, quien lo acusó de no estar en sus cabales.
A él, se le sumó hoy Hebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, que lo acusaron de ser funcionario de la dictadura. En un comunicado afirmaron que trabajó con Alejandro Lanusse y de Jorge Videla. “En democracia no dudó en censurar a Tato Bores y a Martín Scorsese, director de ‘La última tentación de Cristo’, que Carbone impidió que se difundiera en los cines”, agregaron. Carbone es quien deberá definir el futuro del artículo clave de la Ley de Medios, el nº 161, en un plazo razonable, según lo instruyó la Corte.
Además, hubo cautelares en Salta, dictada por Miguel Antonio Medina, del juzgado federal Nº2; y en Mendoza, Olga Pura de Arrabal firmó el tercer fallo contra la norma de comunicación. Sin embargo, ambos amparos fueron rechazados: el que había presentado el diputado mendocino del PJ Federal, Enrique Thomas, fue descartado por la Corte Suprema de Justicia; mientras que la Cámara Federal de Salta hizo lo propio con el reclamo de Zulema Daher, también diputada del peronismo disidente.
El conflicto de las Reservas. La decisión de impulsar el Fondo del Bicentenario para usar reservas del Banco Central para el pago deuda generó otro conflicto judicial y desató una nueva batería de medidas cautelares, que tuvieron como protagonista a la jueza María José Sarmiento. La titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 11 dictó una cautelar a favor del PRO, la CC, y la UCR, que le impidió al Gobierno utilizar esos fondos y también benefició a Martín Redrado con otro amparo que lo restituyó como presidente del BCRA, tras haber sido echado por decreto de la Presidenta.
Luego fue el Fondo del Desendeudamiento Argentino (decreto 298/10, casi calcado del 2010/09 del Fondo del Bicentenario) el que detonó una nueva medida cautelar, esta vez aceptada por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 3, que frenó el mecanismo financiero. El fallo mereció un reproche en cadena nacional de la Presidenta, quien acusó a la jueza de querer “deafualear” la deuda y desestabilizar su Gobierno.
“Es la esposa del juez [Ernesto] Marinelli, que falló contra el Fondo del Bicentenario, y después hablan de matrimonios presidenciales", sentenció CFK en marzo de este año. En realidad ambos magistrados ya estaban en la mira del kirchnerismo hacía tiempo por distintas cautelares en causas como la que impidió que se revoque una concesión ferroviaria del Grupo Taselli y otra por Papel Prensa, que congeló una decisión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Fibertel y la nueva grilla K. Sin embargo, la causa que rebalsó la “paciencia cautelar” del kirchnerismo fue la que se aplicó sobre la causa Fibertel, cuando el juez platense Elvio Sagarra aprobó una medida que frenó el cierre de la empresa del Grupo Clarín. Esa medida fue calificada por Cristina como una “obsenidad” y tensó la relación entre el Gobierno y el poder Judicial. Tres diputados provinciales del kirchnerismo ya presentaron un pedido de juicio político contra el juez, que tras dictar el amparo se declaró incompetente.
Por último, la nueva grilla de televisión se erigió como un nuevo punto de conflicto del Ejecutivo contra la “justicia cautelar”. Dos medidas frenaron el reordenamiento de los canales. En Dolores, el conjuez Adolfo Harisgarat hizo lugar a un amparo de la productora El Garage, mientras que en Bahía Blanca, el juez subrrogante Santiago Martínez aceptó el reclamo de Dorrego Televisión S.A. La Presidenta fustigó la decisión judicial, denunció un “festival de medidas cautelares” y apuntó al CEO de Clarín: "Organiza el evento, el club de Jueces fans y Camaristas admiradores de Magnetto y el Grupo Clarín".
Los "jueces cautelares" que le ponen "palos en la rueda" al Gobierno
Tanto Cristina como Néstor Kirchner se quejan públicamente de las medidas judiciales que traban los intereses K: desde la soja hasta la pelea con Clarín.
