Peritajes de armas, teléfonos celulares y el dermotest sobre las muestras tomadas para determinar quiénes dispararon son algunas de las pruebas con las que la Justicia busca avanzar en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. El joven, de 22 años, murió el sábado pasado tras recibir un balazo por la espalda en medio de un operativo del grupo Albatros de Prefectura Naval, en la zona de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de Bariloche. Ayer a última hora se conoció la decisión de los mapuches de aceptar que se realice una inspección ocular en el área donde fue baleado el joven.
Según pudo reconstruir PERFIL, al cierre de esta edición el juzgado todavía no tenía conocimiento de la decisión, que surgió como resultado de una mesa de diálogo en la que participan representantes del Gobierno, de organismos de derechos humanos, de la comunidad mapuche y el obispo de la ciudad. Sería la primera vez que, a una semana de lo sucedido, la Justicia puede entrar para concretar la medida.
Ayer se recibió una serie de testimoniales, y el lunes se continuará escuchando los relatos de testigos del procedimiento de Prefectura y de los médicos que tomaron las muestras para saber quiénes dispararon.
Por ahora, la confianza del magistrado está puesta en el resultado de los peritajes que se realizarán en el Instituto Balseiro, adonde el juez Gustavo Villanueva envió el material para analizar en busca de objetividad y precisión. “Da confianza por su neutralidad, porque no interviene ninguna fuerza y tiene alta tecnología”, explicaron a PERFIL fuentes del caso.
Los investigadores tratan de determinar con exactitud de qué arma salió el balazo que mató al joven. Para el análisis se mandaron las muestras de los veinte prefectos (ocho de los cuales estaban en la zona de alta montaña donde Rafael recibió el tiro mortal), los dos jóvenes de la comunidad detenidos, que ya recuperaron la libertad, y las del propio fallecido. En la causa confían en que se conozcan los resultados esta semana.
En tanto, los investigadores también manejan información de que cada vez más personas de la comunidad mapuche ingresan a la toma de la Villa Mascardi. “Es imposible conocer cuántos son, pero hay amplias sospechas de que el número está creciendo”, detallaron.
Ayer, aun antes de que trascendiera la decisión de permitir el ingreso del juez al lugar, desde el juzgado subrogado por Villanueva salió un escrito dirigido a la delegación local de Policía Federal en el que se especificaba la cantidad de personas que deberán participar de los peritajes, para que les garanticen los agentes necesarios para trabajar en la zona.
