Los obispos cerraron la cumbre eclesiástica en Pilar sin un documento final. Fue tras deliberar en medio de la polémica que generó el proyecto de “reconciliación” entre víctimas de la dictadura y de la guerrilla de los años 70 impulsado por un sector de la Iglesia. Finalmente resolvieron trasladar la discusión al Interior del país. Aunque no lo pusieron por escrito, la Conferencia Episcopal pactó que cada diócesis (hay ocho) debata a partir de ahora sobre los años de plomo puertas adentro.
Durante el cónclave, al que asistieron cien obispos, también se charló sobre el rol de la Iglesia durante la última dictadura militar y no se descartó que, en el futuro, haya un documento final con un reconocimiento de la complicidad de algunos sectores con los militares.Pero quedó claro que hay una grieta en la cúpula eclesiástica sobre la postura que hay que adoptar acerca de aquellos años oscuros. De hecho, como publicó PERFIL en su edición de ayer, hubo acusaciones internas sobre la filtración de la palabra “reconciliación”, pese a que no era la idea plantear un “perdón” mutuo ni reivindicar la teoría de los dos demonios.
El obispo de San Isidro, Oscar Ojea, le dijo al Vatican Insider que tal vez hubo “una mala comunicación” de lo que se quería hacer al recibir los testimonios de víctimas de la dictadura y de la guerrilla. También admitió que podría haber, en el futuro, un pedido de disculpas a la sociedad por el rol de la Iglesia durante la dictadura. “Nosotros hicimos un pedido de perdón en el año 2000, aunque es posible que no haya sido suficiente. Es una probabilidad que este proceso pueda encaminarse a una declaración final”, precisó.
Una fuente del Episcopado admitió, en diálogo con este diario, que los obispos reconocieron en la asamblea en Pilar que la Iglesia no debió “haberse prestado” a convalidar actos de los militares. Pero hay diferencias de opinión: algunos obispos tienen familiares desaparecidos, otros son más “comprensivos” con el accionar de los militares, según pudo reconstruir PERFIL.
Si bien el asunto de la “reconciliación” ocupó gran parte de la agenda, la cúpula de la Iglesia argentina también tomó decisiones acerca de cómo tratar y prevenir los casos de abuso sexual en los que están involucrados sacerdotes, un tema bastante delicado.
En ese sentido, acordaron que habrá jornadas para preparar a los obispos para actuar ante casos concretos. También, que se le pedirán antecedentes a las personas que se incorporen a trabajar en la Iglesia, y que se hará un registro con todos los acusados de delitos contra menores y adultos vulnerables.
A la CIDH, contra el fallo. El abogado Andrés Gil Domínguez presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que impida que el beneficio del 2x1 pueda ser aplicado a los culpables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La Comisión Interamericana es la única instancia donde puede apelarse una decisión de la Corte Suprema.
La presentación de Andrés Gil Domínguez se convertiría en el primer planteo contra el fallo del tribunal que favoreció a los represores.
El planteo del abogado constitucionalista es que los delitos de lesa humanidad tienen un régimen de garantías distinto y a diferencia de los comunes, no pueden ser indultados, amnistiados, ni conmutadas sus penas. Y, por lo tanto, no se puede aplicar el 2x1.
