El conflicto entre el Gobierno y los ruralistas llegó a los Tribunales, donde ruralistas detenidos el viernes pasado por cortar la ruta en apoyo al agro prestaron declaración. Allí, los "perseguidos políticos" del campo vertieron críticas muy fuerte a lo que consideran un despropósito por parte del Ejecutivo Nacional.
La referente de Pampa Sur, María del Cármen Alarcón, aseguró que "me están coartando la libertad de expresión pública como dirigente" y apuntó que el "gobierno de Kirchner me echó" del Partido Justicialista "por defender los intereses de la provincia de Santa Fe".
Alarcón observó que "no hay igualdad" porque la citan a ella y dirigentes de entidades rurales, mientras que el piquetero oficialista Luis D'Elía "no está procesado en nada cuando ha cortado miles de calles y rutas".
Por su parte, la líder radical bonaerense Margarita Stolbizer rechazó las imputaciones del fiscal Murray y aseguró que esta "judicialización" de los cortes de ruta tiene como objetivo "intimidar a la gente para que no acompañe la protesta del campo".
"No se ha cometido delito", recalcó Stolbizer, quien habló con la prensa en su llegada al edificio judicial de San Nicolás y calificó de "ridícula" la citación.
Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, se mostró "preocupado por el modo de que se está tratando el tema" del paro agrario, que "es una protesta constitucional" e ilustró que la situación es complicada y así continuará.
Por último, Raúl Victores de la Sociedad Rural de San Pedro, uno de los ruralistas que tomó notoriedad tras los incidentes, recalcó que en sus pagos seguirán las protestas y afirmó que tienen el apoyo de los camioneros. "Las bases camioneras son socias nuestras, no sus dirigentes", lanzó.
"No hay que aflojar. Mejor estar un tiempo más en la ruta y no toda la vida de rodillas", disparó el dirigente del agro.
Los "perseguidos del agro" fueron a declarar
Stolbizer, Alarcón, Buzzi y otros ruralistas criticaron a decisión de judicializar la protesta del campo.
