Los líderes de la CGT decidieron mantener aún en reserva sus demandas a la espera de una definición en el tema de la deuda, condición que el mismo Presidente definió antes de que se despliegue el plan económico de fondo que, según indica, su equipo ya tiene listo pero se mantiene oculto como una carta en un juego de póquer.
La agenda de reclamos que por ahora no hacen circular públicamente, como una concesión al Gobierno, que apenas lleva dos meses en el poder, incluye demandas conocidas.Son las mismas que llevaron a diversos paros contra Cristina Kirchner y contra Cambiemos: la devolución de fondos adeudados a las obras sociales, soluciones para la carga que implican los monotributistas para estas organizaciones, la creación de una Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud para evitar los juicios contra sus prestadoras de salud, el ajuste de las asignaciones familiares y la eliminación del impuesto a las ganancias al salario.
Son pedidos colectivos que siempre llevó adelante la CGT (o las CGT, antes de la última unificación) y que hoy aparecen ausentes de la agenda pública a la espera de que se aclare el panorama económico.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El único que se salió del libreto que sigue la mayoría de los caciques gremiales fue Luis Barrionuevo, quien este jueves, en el tradicional asado que organiza en Mar del Plata cada verano, ofreció algunas declaraciones que sacaron a la luz estas demandas. Dijo que “el sistema está al paso de la quiebra porque los medicamentos aumentaron degeneradamente. Las obras sociales se están fundiendo”, en declaraciones al medio local 0223. Pero anticipó que “hay temas que son el corazón y el alma de los sindicatos y es lo que vamos a defender en la CGT”.
El referente gastronómico tiene poco peso hoy entre los grupos que disputan la hegemonía de la central o con aspiraciones a definir una nueva conducción este año. Pero sus declaraciones dejan ver algo que otros comentan en privado.
Es el caso de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, cuyos referentes se reunieron la semana pasada con el ministro del área, Mario Meoni, y la Federación Portuaria, que tuvo un contacto con el titular de Trabajo, Claudio Moroni. En ambas reuniones de las instituciones que conduce Juan Carlos Schmid se dejó en claro que el pedido para eliminar el impuesto a las ganancias no se ha retirado, solo ha quedado en reserva a la espera de un contexto más favorable.
Algunos de los referentes que están en este sector participarán la próxima semana de la marcha de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular contra el FMI porque, como ocurre en el sindicato piquetero, hay diversos temas que incomodan pero se mantienen fuera del ojo público para respetar la luna de miel del Gobierno, a la que parece quedarle cada vez menos tiempo. A la espera de que vuelvan a aparecer los reclamos sindicales colectivos, Camioneros mostró esta semana que no habrá ajustes salariales por suma fija ni moderación en los reclamos, al cerrar un ajuste anualizado por encima del 50%.
Con ‘Vino Caliente’ libre, crece la tensión en el gremio que aspira a reconquistar
“Debían meter a alguien preso y, bueno, me dejaron a mí, fui un preso político”, aseguró esta semana Herme Juárez, alias “Vino Caliente”, frente a la sede del gremio y la cooperativa que dirigió hasta ser detenido el año pasado, acusado de comandar una asociación ilícita para cometer delitos económicos.
El ex secretario del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y ex titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de San Martín, intervenidos desde su detención, insistió en que aún ocupa los dos cargos, acompañado por un grupo de simpatizantes y familiares.
En plena campaña presidencial, la detención de Juárez fue presentada por Cambiemos como un resultado de su lucha contra las “mafias sindicales”. Juárez apuesta ahora a un cambio de rumbo para volver a ser el hombre más influyente en los puertos santafesinos, donde se mueven negocios anuales por 18 mil millones de dólares, un monto superior al PBI de más de setenta países. El mismo juez que lo detuvo hace seis meses fue el que lo liberó en el primer día después de la feria: el titular del juzgado federal de Campana, Adrián González Charvay.
Con su libertad, también aparecieron denuncias en redes sociales de amenazas a los choferes del gremio, que aún sigue intervenido por el abogado Marcelo Urban, ex apoderado de otro gremio marcado por las causas judiciales, el SOMU, que dirigía Omar “Caballo” Suárez –quien también se define como un ex preso político–. Urban llegó con el ex ministro Dante Sica y aún no hubo nuevas definiciones del actual titular de Trabajo, Claudio Moroni.
Los problemas en los gremios portuarios no se limitan a Santa Fe, porque en otra seccional del SUPA, la de Capital, surgieron evidencias de aprietes y amenazas a trabajadores. En este caso el responsable es el hijo de Juan Corvalán, titular de la filial local del gremio portuario. En una grabación a la que accedió PERFIL, se escucha a Diego Corvalán amenazar a delegados de la firma Exolgan. “Si tenemos un traidor acá hay que cagarlo a palos”, arenga el hijo de Corvalán luego de anunciar que se despediría a seis personas por no estar alineadas con su padre.
