POLITICA
inflación desbocada

Luces y sombras en la pelea para imponer el salario básico universal

Una parte del Gobierno impulsa el pago del SBU, pero para la titular de Economía, Silvina Batakis, “hay que estudiarlo”, no lo descartó de cuajo pero sì por ahora debido, entre otras cuestiones, a las pautas de gasto público con las que deberá cumplir en la próxima revisión del FMI. Desde el sector privado se oponen a esta propuesta y piden menos impuestos.

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Manifestaciones. El jueves volvieron a marchar las organizaciones sociales en calles porteñas. | PABLO CUARTEROLO

Una parte del Gobierno la impulsa, pero la ministra de Economía, Silvina Batakis, solo dijo que “hay que estudiarlo”. En tanto, desde el sector privado se oponen a la iniciativa, que se puede llevar entre 0,7 y 6,6 puntos del PBI

Habrá que remontarse a finales de octubre de 2009, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció, por decreto, la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Ya existía la idea en el Parlamento, impulsada por la Coalición Cívica, de establecer una ayuda universal para los menores de 18 años de familias por debajo de la línea de la pobreza.

Pero fue después de que las elecciones legislativas de ese año, celebradas en junio, le dieron la espalda al oficialismo, en medio de candidaturas “testimoniales” y luego del enfrentamiento con el campo por la Resolución 125 que la actual vicepresidenta “se adueñó” de la iniciativa y la puso en marcha.

Trece años más tarde, y con al menos 15% más de pobreza, y otra elección legislativa perdida, el ahora Frente de Todos lanza una iniciativa más amplia. Entregar un salario básico universal (SBU), cuyos alcances aún están “en estudio”.

El diputado del FdT, Itaí Hagman apuntó a “hay que convencer al Presidente (Alberto Fernández) y a la ministra (Silvina Batakis). Vamos a dar el debate porque creemos que es un planteo necesario en este contexto, así como los movimientos sociales también van a seguir exigiéndolo”.

Hagman, autor de la iniciativa de “ampliación del sistema de seguridad social mediante el salario básico universal”, en diálogo con Página/12 apuntó que “frente a esta situación de crisis, después de tres años de gobierno tenemos que plantear una agenda por la ofensiva. No podemos estar todo el tiempo discutiendo la agenda de la derecha, hay que hacer planteos que se enfoquen en las necesidades de la población”

Según su análisis, “Argentina hoy tiene dos grandes desequilibrios: macroeconómicos y de ingresos. Tenemos que trabajar sobre los dos problemas. Si solo atendemos lo primero, en el mejor de los casos vamos a lograr estabilizar, pero va a ser sobre la base de un ajuste”. Y “si no es el salario universal y alguien tiene otra propuesta, bienvenida sea, pero yo hasta ahora no escuché ninguna pensada para recomponer los ingresos”.

La iniciativa, que sumó el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, prevé impactar en personas de entre 18 y 64 años en situación vulnerable, y demandaría un costo fiscal neto de 0,7% del producto bruto interno (PBI), según repasa el proyecto presentado por el Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos.

“Lo charlé mucho con Juan Grabois, y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, apuntó la titular del Senado, en su última aparición en Ensenada. Con mayor cautela, Batakis mostró su apoyo “a la discusión” sobre la asignación de un SBU o ingreso básico universal, en el marco del desarrollo de una “economía popular”, aunque advirtió que “ni siquiera está resuelto en países desarrollados”.

“Es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace mucho tiempo, y la verdad es que la revolución 4.0 lo pone más en evidencia porque claramente el mundo dentro de cincuenta años será uno totalmente distinto a este y necesitamos discutir estos temas”, apuntó la funcionaria en diálogo con C5N.

Lo cierto es que el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI este año, desde el 3,1% con que cerró 2021, para renegociar la deuda de US$ 44 mil millones que mantiene con el organismo, y según cálculos de bancos internacionales este año cerrará con un resultado negativo del 3,2%, si no se revierte drásticamente la política económica de gastos e ingresos del Estado.

Objeciones del sector privado. La iniciativa ya generó el rechazo de varias casas de estudios privadas, como el Ieral o el Cedes.

Desde esta última consultora, Guillermo Phillips se preguntó “¿si es Universal es incluso para los que tienen trabajo? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Porque si yo entrego $ 20 mil a cada persona es difícil que haya alguien que quiera ir a trabajar por menos de $ 40 mil y perder esa asignación”.

“La idea de una asignación universal viene siendo estudiada en países muy desarrollados, como Canadá, Suecia o Noruega, naciones que tienen superávit fiscal, y donde el problema es que la tecnología deja sin empleo a gente supercalificada, pero así y todo no ha funcionado”, advirtió Phillips a Perfil.

Algo similar dijeron Marcelo Capello y Laura Caullo, del Ieral, quienes a través de un documento destacaron que la propuesta del SBU implica “pasar de alcanzar a los 7,5 millones de personas que actualmente reciben la Asignación Universal a ampliarse a 17 millones de argentinos, dependiendo de si se incluyeran o no las personas beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), quienes presentan dificultad laboral y quienes están en edad laboral pero no participan del mercado de trabajo”.

El criterio de lo que se pretende cubrir puede variar entre $ 14.401, que es el valor actual de la canasta básica alimentaria (CBA), a los $ 24.241, que es el monto del Ingreso Familiar de Emergencia.

“En cualquiera de los escenarios que podrían surgir de la combinación de estos factores, la propuesta resultará inviable para la Argentina. El costo fiscal de implementarla iría desde 1,7% a 6,6% del PBI”, dijo la casa de estudios de la Fundación Mediterránea.

Además, “en un contexto en que se reduce el financiamiento voluntario al gobierno argentino y crece la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional, añadir nuevos programas de alto gasto aumentaría la emisión monetaria y también la inflación”.

El Ieral también recordó que “existen pocos antecedentes internacionales exitosos de un programa de estas características”, como el caso de Finlandia, que lo aplicó de manera experimental entre 2017 y 2018, “encontrando que, a pesar de aumentar el bienestar de quienes la recibían, no tuvo impacto significativo en la esfera laboral”.

Tanto España como Alaska cuentan con una política similar vigente, “pero solo en el segundo caso se trata de una verdadera renta universal que alcanza a todos los ciudadanos”.

“Los resultados demostraron que se generó una mejora en educación, pero no tuvo impacto en el empleo agregado”, destacó el estudio de Capello y Caullo .

Tal  vez no todo de golpe. Atento a las críticas, Hagman advirtió que el SBU “se puede financiar reorientando otros gastos públicos, se pueden plantear formas de recaudar más, mayor progresividad en los impuestos, todas cosas que ya hemos hecho. Tenemos un proyecto de renta inesperada que está ahí para debatir. Y aun si la restricción fiscal fuera un problema, también se podría avanzar en etapas, en función de las diferentes poblaciones. El tema es si hay voluntad política. Si la hay, el cómo se trabaja. Y no es cierto que la idea no tenga apoyos, de hecho cada vez hay más sectores del Frente de Todos que están de acuerdo. Es más: se me ocurren pocos temas en que estén tantos tan de acuerdo”.