Luz verde al proyecto que regula la instalación de las papeleras

La Cámara de Diputados estará en condiciones de tratar, en los próximos días, un proyecto de ley para fijar "presupuestos mínimos" de protección ambiental con respecto a la eliminación de la emisión de gases tóxicos en las plantas de fabricación de pasta de celulosa y de papel. La iniciativa cobró impulso a raíz del conflicto que desde hace más de un año enfrenta a la ciudad de Gualeguaychú, ubicada en la costa de Entre Ríos, con Uruguay, por la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos.

En base a una propuesta presentada en mayo por la entrerriana por Blanca Osuna (FPV) y con aportes de proyectos de Marta Maffei (ARI-Autónomo) y Stella Maris Peso (Peronismo Federal), las comisiones de Industria y de Recursos Naturales pusieron a la firme un despacho favorable para impulsar la normativa. Los presupuestos mínimos que fija el texto se refieren puntualmente a la eliminación de las emanaciones de dibenzoparadioxinas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF) en las plantas de fabricación de celulosa y de papel.

Además, se indica que a partir de la entrada en vigencia de la ley no se autorizará la instalación de papeleras ni la ampliación de las existentes si sus procesos y tecnologías ocasionan la emisión de dioxinas de conformidad con lo establecido en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Por otra parte, el articulado del dictamen dice que las fábricas que se instalen en el futuro deberán adoptar las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) para alcanzar un alto nivel general de protección del ambiente.

Osuna destacó que "el impacto social y político que ha alcanzado el conflicto por la instalación de la fabrica de celulosa Botnia sobre el río Uruguay ha puesto en evidencia los problemas ligados al modelo de desarrollo de la región", por lo que espera que la regulación que se propone llene el vacío jurídico existente. Por otra parte, la diputada remarcó la necesidad de ejercer un "control integrado de la contaminación" mediante el establecimiento de medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de actividades nocivas en la atmósfera, el agua y el suelo.

El proyecto apunta también a los responsables de los establecimientos industriales, quienes deberán someterse al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) para instalar, ampliar, cerrar o reconvertir las plantas. En los casos en que las técnicas utilizadas en los establecimientos instalados no sean las Mejores Técnicas Disponibles, los titulares de las fábricas tendrán un plazo máximo de noventa días a partir de la notificación de la autoridad competente para presentar un Plan de Reconversión Industrial.

De ser aceptado el Plan, entonces contarán con un plazo máximo de cuatro años para completar la reconversión de las instalaciones industriales contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Las papeleras entonces deberán adoptar –sostiene el proyecto– sistemas de auditoría con el fin de elaborar un informe que elevarán a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como mínimo en forma anual. Pero la iniciativa va más allá al disponer que los productos de la industria de la celulosa y el papel importados también deberán provenir de establecimientos industriales que cumplan los requisitos de protección ambiental.

Para penalizar las infracciones la norma en ciernes gradúa sanciones que van desde el apercibimiento, para los casos más leves, hasta el cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones para los más graves. El dictamen emitido por las comisiones podría ser tratado en el recinto en las sesiones previas al 10 de diciembre con el fin de girarlo al Senado para que lo trate en los primeros meses del próximo año.

Fuente: DyN