Mauricio Macri se anotó el primer gran triunfo para su gestión la semana pasada cuando terminó con el cepo cambiario instalado por su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, hace más de cuatro años. La medida fue un éxito doble porque, además de lograr la libre flotación del dólar, la divisa norteamericana llegó luego a los $13 pesos, una cifra mucho menor que el techo histórico de $16 al que supo llegar al dólar blue.
Al mismo tiempo, el presidente y su ministro de Justicia están estableciendo otro cepo, mucho más sutil, sobre la Constitución Nacional, con medidas que cuestionan la esencia misma de la legitimidad gubernamental.
La primera fue el intento de nombrar a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación "en comisión" y por decreto. La idea, presentada por el abogado Fabián Rodríguez Simón, fuerza una interpretación errónea y abusiva del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional.
Tan desprolija fue la medida para designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que fue rechazada por el radicalismo, aliados de Macri en Cambiemos. Elisa Carrió, otra de las integrantes del frente, presentó un proyecto de ley para frenarla. La semana pasada, Macri y Lorenzetti anunciaron que las juras quedarían postergadas, y días atrás un juez federal planteó su inconstitucionalidad en forma preventiva.
Los nombramientos van en contra de lo que planteó el presidente en su discurso de asunción, el 10 de diciembre pasado, cuando prometió que “no habrá jueces macristas”. Lo mismo dijo su ministro de Justicia, Germán Garavano, en la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional: "No queremos jueces macristas, y eso es algo que va a marcar toda la gestión".
Las declaraciones más graves de Garavano, sin embargo, las dio este fin de semana, en una entrevista en la que anunció que en su gobierno van a "sacar muchas leyes por decreto". Además, el flamante ministro de Justicia prometió dictar "decretos reparativos" para anular leyes sancionadas por el Congreso en los últimos cuatro años.
“En relación con el sistema de Justicia ha habido una sanción insana de leyes sin consensos, sin estudios serios; leyes que generaron efectos muy nocivos al sistema judicial y a la población”, justificó el funcionario.
La amenaza se concretó hoy, cuando se intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por decreto. Y se impuso, además, a un interventor militante del PRO, Agustín Garzón, para reemplazar al presidente militante anterior, Martín Sabbatella.
“La razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios, existe una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo ministerio que es el que rige las políticas”, justificó el nuevo ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Cabe recordar que esa Ley de Ministerios fue modificada por Mauricio Macri el día de su asunción por decreto de necesidad y urgencia. El AFSCA quedó bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, en violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que sea un organismo autárquico.
En resumen, en menos de dos semanas el gobierno de Cambiemos violó al menos dos veces la Constitución Nacional, por decretos que no son necesarios ni urgentes, simplemente porque no tiene ni las mayorías ni el consenso necesarios para aprobar esas modificaciones en el Congreso de la Nación.
Decíamos acá que el kirchnerismo le dejó a Mauricio Macri un manual sobre cómo se ejerce el poder por cualquier medio posible si se sintoniza con la voluntad popular. Pero ni los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se atrevieron a tanto en busca de consolidar su poder, incluso con las propuestas de los jueces subrogantes. Cabe preguntarse, además: ¿Existe un clamor popular para reformar el AFSCA y designar nuevos jueces en la Corte Suprema? ¿O es sólo una vocación hegemónica de controlar todas las instancias del poder posible, la misma que tanto le criticaban al gobierno anterior?
Es probable que Macri logre imponer sus cambios sin mayores problemas. Lo respaldan el capital político de la victoria en el balotaje, y el blindaje total de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Ni ellos, ni decenas de los periodistas que hace un mes eran "independientes" y ahora parecen militantes, se atreven a criticarlo incluso en las medidas más cuestionables.
Pero la luna de miel no durará para siempre. Menos si en los próximos meses la inflación empieza a ganarle a los sueldos y las paritarias no llegan a cubrir ese déficit. En marzo se abren las sesiones ordinarias del Congreso. Entonces Macri estará obligado a levantar ese otro cepo y comenzar a hacer política.
(*) Editor de Perfil.com. Twitter: @elfaco.
