“Te voy a decir la verdad: en 2009 pagué un 40% menos que en 2008 por un producto con sólo cambiar de proveedor, porque me di cuenta de que el vendedor estaba haciendo un negocio muy grande con el Estado. Pero hoy lo sigue haciendo en otros ministerios”, confiesa un director general PRO que da a entender que la política de compras de la gestión de Mauricio Macri no es tan eficiente como parece. Ni tan transparente.
Su crítica, compartida por sectores de la oposición y hasta por otros funcionarios, radica en que esta administración gasta millones de pesos en contrataciones directas para todo tipo de productos y servicios, en vez de seguir los procesos licitatorios formales que ofrecen mayor transparencia administrativa.
PERFIL pudo acceder al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), una red privada que comparten las dependencias estatales, y pudo comprobar que, sólo entre junio y julio de 2009, el Gobierno gastó más de $ 120 millones en comprar productos y servicios con mecanismos que deberían destinarse para compras sólo de emergencia.
Un buen ejemplo es el Ministerio de Seguridad porteño: en julio contrató –sin licitar– servicios por seguridad privada de uso interministerial (escuelas, hospitales, eventos) por más de $ 6 millones, gasto que se repite todos los meses.
“Es una barbaridad que se pague ese monto sin consultarnos, desde hace meses lo queremos normalizar, pero no logramos que nos respondan. El ministro contrató a la empresa que quiso”, se queja en estricto off una alta fuente de la Dirección de Compras y Contrataciones del Gobierno porteño, en una clara muestra de las internas y pujas que desata la potestad sobre lo más delicado de un gobierno: el manejo de sus fondos.
Guillermo Montenegro, encargado de la cartera de Seguridad y responsable de las compras, asegura que se trata de un gasto que no se puede prever, que afecta también a otros ministerios y que encima la suma total es “mucho menos de la mitad de lo que pagaba Telerman por el mismo servicio”.
La Policía Metropolitana es otro ejemplo: si bien la ley que la hizo nacer se aprobó a fines de 2008, recién en julio de 2009 se compró –sin licitación– la ropa de los agentes, por la que se pagó más de un millón de pesos. “No lo compramos antes porque nuestros técnicos estaban analizando cuál era la mejor vestimenta”, explica Montenegro.
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