El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, brindará a las 18 una conferencia de prensa en la que, según trascendió, anunciará el envío a la Legislatura porteña del proyecto de ley "de defensa de la libertad de expresión de la CABA" -al que accedió Perfil.com- por el cual, la Justicia porteña desembarcaría directamente sobre uno de los últimos conflictos entre el Gobierno nacional y Clarín: la intervención de la empresa.
Uno de los puntos claves de la iniciativa macrista, el artículo 10, estipula que "la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que habiten la Ciudad o ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de la información, opiniones o ideas, con domicilio o instalaciones en la Ciudad no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada, dificultada ni trabada".
En tanto, el artículo 12 del proyecto prevé que "las autoridades de la Ciudad no podrán (...) admitir la aplicación en el territorio de la Ciudad de leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción que, directa o indirectamente, afecten las libertades de prensa tuteladas por la Constitución Nacional".
De esa forma, se pretende frenar la injerencia de la Comisión Nacional de Valores o la Secretaría de Comercio en el Grupo Clarín u otra empresa de medios que cotice en bolsa.
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo porteño toma decisiones que impactan sobre los activos de Clarín. El 13 de abril de 2011, ante los bloqueos de Moyano en la imprenta de Papel Prensa, el jefe de gobierno porteño emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para penalizar en su jurisdicción "acciones que atenten contra la libertad de prensa y expresión, como impedir la salida de medios gráficos e intimidar u hostigar a directivos, periodistas y otros trabajadores de la cadena de difusión para tratar de frenar la difusión de ideas y noticias.
Entre los fundamentos, Macri señaló que “los hechos de público conocimiento ocurridos los días 26 y 27 de marzo del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al 27 de marzo de 2011 del Diario Clarín – y demoraron la del Diario La Nación – han configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión".
