Las calles de la Ciudad de Buenos Aires huelen y se ven cada vez peor. Las montañas de basura que las contaminan no desaparecen y, más allá de una mera cuestión estética, los vecinos ya muestran su descontento: el 70% de los porteños no está conforme con la limpieza, según un sondeo privado de Poliarquía Consultores, encargado por el Gobierno porteño que, repite, trabaja duro para dar una solución al problema.
Hay que reconocer que la percepción de los vecinos no es desacertada. En los primeros cinco meses de gobierno, todavía no se logró encauzar favorablemente el tema de la basura, a pesar de que el contrato del servicio público de limpieza es uno de los mayores gastos que tiene la Ciudad: representa más de $ 700 millones por año y ocupa el primer puesto en las erogaciones por servicios de la Comuna (ver infografía).
A fin de 2008 termina el contrato vigente –adjudicado durante la gestión de Aníbal Ibarra (hoy legislador porteño)– y dentro del Ministerio de Espacio Público, a cargo del ex gerente de Isenbeck Juan Pablo Piccardo, ya trabajan en el nuevo pliego de licitación, que –dicen– implicará un cambio radical de la política de higiene urbana. Lo que no reconocen es que también esconde un negocio multimillonario para las empresas que ganen la licitación.
El nuevo pliego se basa en tres ejes. El primero implicará cambiar el actual modelo de pago a las empresas por zona limpia a un modelo basado en pagos por tonelada de basura recolectada. Algo muy criticado por los especialistas: “Llamativa decisión justo en el momento en que la cantidad de basura crece anualmente por la recuperación económica. Esto alienta la generación de basura porque la transforma en un negocio y va en contra del espíritu de la Ley de Basura Cero, hoy vigente”, cuestiona Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
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