El diputado nacional Máximo Kirchner dice que perdió plata en el primer año de gestión del macrismo. Y mucha. Según su declaración jurada, que fue publicada en la página de la Oficina Anticorrupción, el hijo de los ex presidentes vio disminuido su patrimonio en 7,7 millones de pesos, pero el dato más curioso es que declaró una fortuna en gastos personales.
Para vivir, Máximo destinó 20,7 millones de pesos durante 2016. La abogada de Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, presentará el lunes una denuncia en los dos juzgados en los que se investigan irregularidades en las sociedades de Hotesur y Los Sauces, que son de la familia Kirchner. Considera que los gastos personales por $ 20 millones no tienen justificación y merecen ser explicados. Además aclaró, en diálogo con PERFIL, que no figura el dinero de la sucesión que el juez Julián Ercolini había embargado en una cuenta de Florencia Kirchner. Para Martínez, los gastos personales, que se contraponen a ingresos muy inferiores, pueden ser producto de una maniobra de “lavado de dinero”.
En el inicio del año, el legislador de La Cámpora tenía más de 42 millones de pesos y al finalizarlo declaró casi 35 millones de pesos. La base de su patrimonio son los bienes inmuebles, de la herencia familiar: tiene participación en 28 casas, terrenos y locales en el área metropolitana y en Santa Cruz. Declara dos vehículos y acciones en Hotesur, Los Sauces y Co.Ma, sociedades destinadas a los negocios inmobiliarios. Todas esas sociedades tienen una inhibición general de bienes dictada por la Justicia federal, como consecuencia de investigaciones por delitos de corrupción que tuvieron origen en la era K.
Las deudas que declara Máximo son, precisamente, con las sociedades de las que es accionista. En el pico de mayor tensión entre los jueces y su familia, el legislador aclaró en su presentación ante la Oficina Anticorrupción que no puede declarar los saldos de las sociedades al 31 de diciembre porque están intervenidas por la Justicia. Por lo tanto, se colocan los de años anteriores.
El juez federal Claudio Bonadio, que lleva adelante la investigación sobre irregularidades en los alquileres de Los Sauces, es uno de los que más presión meten sobre el diputado de La Cámpora y su familia. De hecho, hace dos días trascendió que la intención de Bonadio es desalojar a su hermana Florencia de su departamento, y a Cristina de su casa en Río Gallegos por deudas en expensas y al Estado.