El ex presidente Fernando De la Rúa quedó hoy comprometido junto a ex funcionarios y banqueros en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el "megacanje" de la deuda externa, una operación financiera internacional que precedió a la caída del gobierno de la Alianza y que está a punto de ser elevada a juicio oral.
"Es evidente que De la Rúa no puede quedar en la cómoda posición de quien firma despachos de mero trámite anclado en la confianza que le inspiraban sus colaboradores", advirtió el fiscal Federico Delgado al pedir su procesamiento en un dictamen al que accedió DyN.
Delgado señaló que "si se jugaba el default de la República Argentina el Presidente de la Nación, que intervino por decreto en ese devenir (...) no desconocía ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo del 'megacanje'" sino que "al contrario, sabía perfectamente el guión, los actores, los actos y el desenlace de la obra".
El fiscal federal Federico Delgado pidió así ante el juez Marcelo Martínez di Giorgi el procesamiento de De la Rúa, y el de los ex funcionarios del área de Economía: Tomás Liendo (jefe de Gabinete); Jorge Baldrich (secretario de Hacienda); Guillermo Mondino (jefe del Gabinete de Asesores); Ernesto Marcer (procurador del Tesoro); Jacobo Dreizzen (subsecretario de Financiamiento) y Federico Sturzenegger (secretario de Política Económica).
En el pedidos de procesamiento también se incluye a los banqueros Jorge Bledel, Pablo León, Miguel Ángel Gutiérrez, Luis Ribaya, Marcelo Castro, Marcelo Podestá, José Rohm, Eduardo Escasany y Antonio Garcés.
En la causa, el ex ministro de Economía y su ex secretario de Finanzas Daniel Marx, ya están procesados y sus casos ya fueron enviados para juicio oral ante el Tribunal Federal Oral (TOF) 1.
Ahora, el fiscal consideró que la etapa de investigación "está agotada" y que sólo restan dictar procesamientos para llegar al juicio oral.
En junio del 2001, el "megacanje" consistió en la recompra de bonos de la deuda pública del Estado a inversores locales, a cambio de un nuevo título a más largo plazo, pero también implicó un aumento en intereses de la deuda a partir del 2005.
El Gobierno de De la Rúa designó a siete entidades crediticias como colocadores de la operación: el Banco de Galicia, el Banco Santander, el Banco Francés, el Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney.
Para Delgado, el "megacanje" fue "un gran negocio para unos pocos que contaban con recursos importantes e información privilegiada, a costa del bienestar de la mayoría que carecía de esos instrumentos" y así delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", una figura que contempla penas de hasta seis años de cárcel.
