El Gobierno nacional presentó hoy un decreto en el que se ordena relevar el secreto de Estado a hombres que formaron parte de las fuerzas de seguridad en el marco de los juicios a represores que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Desde la Casa Rosada, la ministra de Defensa Nilda Garré anunció esta mañana un decreto que firmó el presidente Néstor Kirchner y que lleva el título de "Relevamiento de secreto por violaciones a los derechos humanos".
" Se extiende también a las diversas posibilidades en las que estas personas sean llamadas a declarar", anunció Garré desde la Casa de Gobierno. " Sin límite de tiempo", agregó, para indicar que el decreto no sólo se refiere a la última dictadura militar, sino que también comprenderá el accionar de la banda parapolicial de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
"Es una demostración más del compromiso profundo que tiene el gobierno de luchar contra la impunidad, que esta obligación de guardar secreto no consituya un impedimento o un pretexto para obstaculizar la acción de la Justicia. Es una medida histórica. Está limitado a las situaciones de terrorismo de estado y violaciones a los derechos humanos", indicó la ministro.
El decreto es en respuesta al pedido que hizo el represor Alfredo Astiz, quien declaró por primera vez el miércoles pasado en la causa en la que se lo vincula por el secuestro y posterior desaparición de dos monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, víctimas de los grupos de tareas de la ESMA. Su defensor, Juan Aberg Cobo, mencionó la responsabilidad de "agentes encubiertos" franceses en los crímenes.
Astiz, quien realizó tareas de inteligencia para la Armada, le reclamó a Kirchner que le permita dar a conocer secretos militares para poder dar detalles de cómo se consumaron los crímenes.
Sin embargo, "el angel rubio de la muerte", no tiene que cumplir con la ley de inteligencia (25.520) que impone el silencio sobre las operaciones realizadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Defensa indicaron que Astiz es conciente que no tiene que pedir autorización para declarar, ya que fue destituido y perdió la condición de militar.
En esta causa, reabierta tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se investiga la desaparición de las religiosas y de otras diez víctimas que frecuentaban la iglesia de la Santa Cruz, entre ellas la fundadora de Madres de Plaza de Mayo , Azucena Villaflor; Esther Ballestrini de Careaga y María Eugenia de Bianco.
Militares no podrán ampararse en secreto de Estado
Lo anunció la ministra de Defensa, Nilda Garré. Es en respuesta a un pedido que formuló el represor Alfredo Astiz cuando declaró en el juicio por la desaparición de las monjas francesas durante la última dictadura.
