El lunes pasado, cerca de las 19.15, en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py levantaron un teléfono de las oficinas del juzgado Federal número 7 –el de Norberto Oyarbide– y llamaron, doloridos, a las oficinas de Ministerio de Seguridad porteño para avisar que “el gordo” finalmente iba a ser llamado a indagatoria.
Sus ex empleados, muchos de los que él mismo nombró cuando estaba a cargo de ese juzgado, querían que el ministro, su jefe durante tantos años, se entere por ellos antes de que le llegue la citación judicial o trascienda en los medios.
Esa es la confianza que tienen algunos secretarios y empleados del juzgado que subrrogó Norberto Oyarbide con Guillermo Montenegro, que cuando el lunes se enteró de la pésima noticia, se encogió de hombros, frunció el ceño y se ocupó verbalmente de la madre de algún que otro magistrado. Le costó dormir durante a la noche.
Pero al otro día sus propios funcionarios lo notaron diferente. Envalentonado. Es que, a partir del martes a la mañana, el ministro comenzó a tejer junto con su jefe de Gabinete, Horacio “Toto” García, y sus subsecretarios, la estrategia judicial para encontrar un escape al peor escenario: su procesamiento como encubridor en la causa por las escuchas.
Parte de las piezas empezaron a acomodarse cuando el miércoles tomó la decisión de contratar al estudio jurídico de su íntimo amigo Esteban Righi, procurador general de la Nación. Todo un soldado K.
Qué mejor forma de mostrar los dientes ante la “familia judicial” que pidiéndole al estudio del jefe de los fiscales de la Nación que lo defienda ante ellos. Aún más cuando entre los abogados del estudio –Fabián Musso y Ana María García (la mujer de Righi)–, Montenegro tiene un soldado de extrema e íntima confianza: María José Labat, su propia mujer, con la que ayer cumplió 18 años de casado.
Como un orfebre, Montenegro talla una filosa espada que ninguno de los demás acusados puede desenvainar: desde hace un mes, tres o cuatro funcionarios de su propio Ministerio –y de su máxima confianza– analizan los detalles de la causa y hacen lobby en Tribunales. Algunos de ellos, incluso, han visitado en varias oportunidades las oficinas del juzgado federal número 7. Estuvieron con secretarios y entraron a los abrazos.
“El gordo armó un fiscalía paralela con diez tipos que planean la estrategia para enfrentar a Oyarbide, por eso ahora está tranquilo”, confía un funcionario de su extrema confianza que comparte con él las reuniones de Gabinete.
De forma paralela, Mauricio Macri, que también fue citado a Tribunales el próximo 28, nombró abogados –Santiago Feder y Ricardo Rosental– y pidió ayer postergar su declaración indagatoria porque en esa fecha tiene agendado un viaje a la India. Según explicaron fuentes judiciales, le concederán la postergación siempre y cuando “no existiría elementos para sospechar su fuga y tampoco de que vaya a realizar maniobra que entorpezcan la investigación”.
Mientras Montenegro afila su espada, el Gobierno porteño ensaya con armamento que parece de papel. ¿Cuál es la estrategia para limpiar la imagen de Mauricio Macri y salvarlo ante un eventual procesamiento? Responder a la las operaciones políticas más abrasivas mostrando una gestión prolija y eficiente. Algo que ni el más inexperimentado analista político cree que pueda funcionar.
“Estamos revisando y laburando sobre la causa y no hay nada que se pueda usar en contra del ministro”, dicen desde adentro del Ministerio de Seguridad. Pero se preocupan: “La mala noticia es que sí existen elementos que pueden perjudicar a Mauricio”.
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