La Cámara de Diputados se aprestaba esta madrugada a aprobar el proyecto oficialista que establece la movilidad automática cada seis meses de los haberes jubilatorios y que sufrió en comisión varios cambios respecto de su versión original, lo que no logró aglutinar a toda la oposición. El oficialismo contaba con el respaldo de radicales, cobistas y sus aliados del bloque Encuentro Popular y Social, que conduce Ariel Basteiro, mientras el resto de la oposición, que había privilegiado reformas más profundas, terminó presentando un proyecto alternativo.
Las discrepancias principales de la oposición apuntaron a que la fórmula de cálculo incluye la recaudación tributaria y que se divida por la cantidad de beneficiarios, lo que representa un obvio "techo" para los incrementos de las jubilaciones y le garantiza al Ejecutivo que las subas previsionales no inquieten en el futuro los números fiscales. La oposición reclamó también reclamó la recomposición de los haberes jubilatorios y la intangibilidad de los recursos de la Anses.
Las negociaciones se registraron durante todo el día y hasta hubo encuentro de los jefes sindicales Hugo Moyano (CGT) y Hugo Yasky (CTA) en Olivos con el jefe de gabinete, Sergio Massa, y el titular de la ANSES, Amado Boudou, donde se analizó el tema y se avanzó en el cambio del cálculo de movilidad.
El debate en Diputados comenzó casi cuatro horas después de lo previsto y el oficialismo contó con la colaboración de la UCR para el quórum (con quince diputados), situación que fue remarcada a manera de queja desde el bloque de la Coalición Cívica. El presidente de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig, defendió el proyecto y, tras realizar una reseña histórica de las políticas provisionales en la que rescató los incrementos de jubilaciones dados por el kirchnerismo, recordó que en el último período democrático "hubo catorce años de inmovilidad".
"Esta ley viene a plantear una movilidad, quizá no la movilidad ideal, pero sí una movilidad posible, sustentable", reconoció y remarcó que durante el debate en comisión y negociaciones posteriores se hicieron "seis o siete" modificaciones en respuesta a pedidos de la oposición.
Su par de Presupuesto, Walter Agosto, lo secundó y, en línea con los anuncios hechos en Gobierno, indicó que el proyecto incorpora como componente de la fórmula "la evolución salarial que estará representado por el índice de salario a nivel general que produce el INDEC o el índice que surge del RIPTE, Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, el que sea mayor". También, indicó que comprende "recursos tributarios de la Anses" y que, con los cambios, se "incluye todo el incremento de recursos tributarios" al cálculo.
Además, destacó que "el crecimiento de recursos tributarios es mayor que el índice de salarial" y ejemplificó que, en 2007, "la evolución del índice general salarial fue del 22 por ciento y el índice del RIPTE 24, 4 por ciento, mientras los recursos tributarios crecieron el 26 por ciento".
La laboralista opositora María América González fue muy dura con el oficialismo, desplegó una serie de andanadas que incluyó al camionero Moyano, al docente Yasky y a Massa, entre otros, y afirmó que la propuesta oficial incluye una fórmula "esquizofrénica, falluta, falsa deliberadamente". Explicó que la oposición había reclamado la inclusión del RIPTE como única fórmula de movilidad, que el oficialismo no acepto. En los cuestionamientos al dictamen de la mayoría, dijo que no deja en claro la situación de docentes y científicos porque no está especificado en el proyecto y vaticinó, entre otros futuros problemas, que se puede convertir en fábrica de "litigiosidad" contra el Estado.
Para el radical Juan Acuña Kunz, el proyecto "no es suficiente, no beneficia a jubilados e incluye docentes e investigadores, que ya tienen su propia ley de movilidad" y que la fórmula confeccionada "da una variación anual del 11 al 12% que no va a solucionar la situación de nuestros abuelos".
En una línea similar, se pronunció su compañera de bloque, Silvana Giudici, quien indicó que "ninguna reforma previsional pueda atentar contra garantías constitucionales" y que la fórmula de movilidad desconoce los fallos judiciales Badaro, Sánchez y Cirilo. La cívica Fernanda Reyes cuestionó, en tanto, que el proyecto en lugar de apuntar a la redistribución buscó "asegurar una caja, un nivel de movilidad que no perjudique lo más mínimo a la recaudación actual".