La diputada provincial del FPV en Chaco, Celeste Segovia, dijo en FM Identidad que el tema “es una psicosis” y que “se banaliza porque tenemos una novela que está muy bien y levanta curiosidad”, haciendo referencia a "El Patrón del Mal". Segovia está casada con el diputado nacional José Mongeló que, semanas atrás, se presentó espontáneamente a la Justicia para que el fiscal federal, Patricia Sabadini, citase a declarar a los periodistas que lo han mencionado en notas periodísticas como Jorge Lanata, el escritor José Reveles y quien firma esta nota.
Sin embargo, a Camilo Verruno, exsubsecretario de Prevención, Asistencia y Planificación de Acciones durante la gestión de José Granero al frente del Sedronar, sí le llama la atención la indiferencia del Gobierno. “Me llama mucho pero mucho la atención que la Presidenta no hable del tema”, expresó el especialista en declaraciones radiales. Verruno dijo que los funcionarios de este gobierno saben que existían, a mediados del 2011, 43 laboratorios de producción de drogas en el país, principalmente, en la provincia de Buenos Aires. Pero para el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, Argentina no es productora de ninguna clase de sustancia prohibida. En sus tiempos como gobernador, Capitanich festejaba el desbaratamiento, por parte de la Gendarmería Nacional, de la cocina más importante de cocaína del noreste argentino, tal como relatan las crónicas periodísticas de medios oficiales.
En su última exposición en el Senado de la Nación, ante la pregunta del senador radical, Ernesto Sanz sobre un informe oficial de Gendarmería sobre vuelos clandestinos, Capitanich dijo que “los vuelos irregulares no necesariamente tiene que ver con vuelos con tráfico de estupefacientes. Esa es una información objetiva y real”. El jefe de Gabinete le retrucó a Sanz qué significaba para él producción de drogas y luego le explicó que "en la República Argentina no se produce desde el punto de vista industrial ni marihuana ni cocaína. Por lo tanto no es un país productor. Puede existir, efectivamente, procesamiento desde el punto de vista químico”. ¿Por qué razón la discusión encolerizó de tal forma al gobernador chaqueño en licencia que terminó diciendo que las apreciaciones de Sanz eran de “cavernícola”?
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Es posible que algunas de las razones por las que el gobierno se pone tan nervioso para hablar del narcotráfico vayan desde las valijas de Southern Winds, el rol de la Aduana durante los tiempos de Ricardo Echegaray, hasta el financiamiento de la campaña de 2007 y sus vínculos con Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, el colador que se ha convertido la frontera argentina, los crímenes en Rosario y las escuchas policiales que mencionan a “la morsa” en el negocio de los precursores químicos, materia prima esencial para la producción de drogas sintéticas. La “morsa” sería el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández.
Verruno recuerda que el exintendente de Quilmes tenía mala relación con el extitular de la Sedronar, Granero: “A veces hay peleas entre funcionarios que, a veces, terminan invadiendo las cuestiones técnicas y distorsionando las acciones”.
En diálogo con Perfil.com, Paula Oliveto Lago, actual legisladora de la Coalición Cívica, y mano derecha de Elisa Carrio en los informes que realizaron sobre crimen organizado y narcotráfico en la Argentina, asegura que “hay un acostumbramiento sobre la materia por lo cual muchos políticos y funcionarios miran para otro lado”.
Todo comenzó en Southern Winds. La empresa que nació en agosto de 1995 cobró notoriedad cuando en septiembre de 2004, se encontraron 60 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas, España, proveniente de nuestro país. La aerolínea que perdía 100 millones de pesos por año y que se había desprendido de gran parte de su flota, estaba en el ojo de la tormenta. En ese momento, se asoció estratégicamente con LAFSA, promovida, entre otros, por el entonces secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime. El expresidente, Néstor Kirchner, impidió la caída de SW para “evitar despidos”.
El combustible de Southern Winds sería subvencionado por el Estado Nacional al igual que los sueldos de sus empleados. La responsabilidad política parecía innegable cuando estalló el escándalo de las valijas con drogas. Incluso el matutino Página/12 decía que “es posible llenar valijas de drogas, explosivos o material bacteriológico y subirlos a un avión, evadiendo todo control”. El diario era muy crítico con el Gobierno nacional: “La historia oficial es que de todo esto tienen la culpa una serie de empresas privadas, no los hombres de uniforme que deberían representar al Estado”. ¿Cuántas veces se repitió la historia en la última década?
El 22 de agosto de 2008, en un reportaje publicado en Clarín, Aníbal Fernández decía: “Si Argentina es elegida para la preparación de drogas como se vio en lo de Maschwitz… la efedrina para nosotros es un tema preocupante”. En una casa quinta de Ingeniero Maschwitz, en el conurbano bonaerense, en julio de 2008 efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Drogas Peligrosas, desarticulaban una cocina de cocaína y drogas de diseño. Seis años después, el Gobierno nacional no parece tan preocupado como decía, en aquel entonces, el actual senador Aníbal Fernández.
