El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner batió el record de funcionarios procesados en los últimos meses, con un Poder Judicial que parece haber olido el "fin de ciclo" y se prepara para el próximo gobierno. Pero hasta ahora, ninguna causa había tocado de cerca a la Casa Rosada, incluyendo la que involucra a Amado Boudou en el Caso Ciccone. En la última semana, dos expedientes amenazan con condenar a funcionarios que trabajan (o trabajaban) directamente en Balcarce 50.
El primero es el tráfico de efedrina. En esa causa está procesado José Granero, ex titular de la Sedronar, y Julio De Orué, exdirector del Registro de Precursores Químicos del mismo organismo. Pero también hay sospechas sobre el "Clan Zacarías", un grupo de hermanos con vínculos en el poder.
Máximo Rito Zacarías es empleado del PAMI y está sospechado de interesarse por la importación de 1000 kilos de efedrina. Su hermano es Miguel Zacarías, exsecretario privado de Granero. Otros hermanos son Rubén Zacarías, exjefe de Ceremonial y Protocolo de la Casa de Gobierno, y Luis Zacarías, integrante de la secretaría privada de la Presidenta.
La jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo del expediente, sospecha que el gobierno fue víctima de una maniobra narco. Por eso reclamó los registros de los llamados telefónicos de todos los involucrados. Incluso amenazó con que, si el gobierno no los entrega, podría allanar la Casa Rosada.
La declaración cayó como una bomba en el gobierno nacional. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich acusó a la magistrada de usar un "tono amenazante". Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, reconoció que las llamadas "deben existir", aunque pidió que se identifique a los presuntos narcos. Finalmente Oscar Parrilli, secretario General de la Presidencia, dijo que las declaraciones fueron "inapropiadas", aunque anunció que el gobierno cumpliría con el pedido de información. Todo indica que la causa seguirá avanzando.
Otra vez los medicamentos. La causa parecía cajoneada. Estaba a cargo de Norberto Oyarbide, uno de los jueces preferidos del oficialismo, el mismo que sobreseyó a Néstor y Cristina en una causa por enriquecimiento ilícito en 2009. Nada hacía sospechar que el tema se convirtiera en un problema para el gobierno.
Pero lo hizo: La Sala II de la Cámara Federal porteña separó hoy a Oyarbide de la causa de la llamada "mafia de los medicamentos" por mal desempeño y ordenó reabrir el expediente. Con solo una firma, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah volvieron a poner en el centro de la escena una causa que toca de cerca a la presidenta de la Nación.
Es que Oyarbide había sobreseído en abril pasado a Héctor Capaccioli, Hernán Diez, Sebastián Gramajo y Gabriel Brito por el delito de asociación ilícita. Los tres primeros habían sido funcionarios del gobierno nacional y todos ellos tenían algo en común: fueron recaudadores o aportantes de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
Capaccioli, más conocido como "el recaudador de los K", fue superintendente de Servicios de Salud hasta 2008. Diez dirigió Lotería Nacional entre 2005 y 2011. Gramajo era legislador porteño y en 2007 fue responsable financiero de la campaña del Frente Para la Victoria. Y Brito, ex dueño de la auditora Global Pharmacy, aportó 310.000 pesos a la campaña. Oyarbide ordenó detenerlo y vivió un "calvario" de golpizas y falta de atención médica en el penal de Ezeiza hasta que fue liberado en septiembre de 2010.
Diez y Gramajo aparecen mencionados en escuchas telefónicas de Néstor Lorenzo, el "Yabrán de los medicamentos" detenido por comercialización de medicamentos falsificados y adulteración de troqueles, que espera el juicio oral.
Aún no se sabe qué juez va a hereder la causa que dejó Oyarbide, pero es probable que avance más que lo actuado hasta ahora.
