Rafecas: “Nisman elogiaba a Cristina Kirchner al mismo tiempo que la denunciaba”

—¿Cuál es su opinión sobre la remoción del camarista Eduardo Freiler?

—El doctor Freiler fue superior mío a lo largo de los 13 años en los cuales trabajé como juez federal. Al mismo tiempo, como es de público conocimiento por la situación que atravieso ahora como magistrado, son los mismos actores los que tienen que resolverla, así que me encuentro en una situación que no me permite emitir una opinión al respecto.

 —¿Y sobre la renuncia de la procuradora Gils Carbó?

—Fue sorpresiva su renuncia. Al menos en los ámbitos profesionales y académicos en los cuales me muevo, no hubo ningún adelanto, ningún indicio de que pudiera tomar una decisión así. Me pareció abrupta, muy sorpresiva.

—¿No era esperable, a su juicio, que finalmente ella tuviera que renunciar?

—Evidentemente estaba atravesando una situación compleja, delicada, desde lo institucional y desde lo legal. Pero al mismo tiempo, lo que ella había dejado trascender en los meses previos, era que iba a continuar en el cargo por la importancia de los equipos de trabajo que ella sostenía desde la Procuración. Por eso fue sorpresiva la remoción. Sé que ahora está a cargo el doctor Eduardo Casal, un funcionario de carrera de la Procuración, un profesional muy serio, respetado, equilibrado, al cual conocí antes de asumir como juez. Trabajé con él en la Procuración General, allí lo conocí.

—¿En la época de Esteban Righi?

—Claro, la época del procurador Righi. Con la doctora Gils Carbó licenciada por razones de salud, la Procuración y el Ministerio Público Fiscal está siendo conducido por un funcionario muy competente. Provisoriamente, hasta que designen al nuevo procurador, o procuradora.

—¿Cree que detrás del llamado del Consejo de la Magistratura por su fallo sobre la denuncia de Nisman se esconde alguna intencionalidad política?

—No me consta. Y le diría más; hace dos años que trabajo mientras desarrolla su gestión el nuevo gobierno y personalmente, como juez, desde el punto de vista formal o institucional, nunca tuve, hasta el jueves pasado, ni un solo gesto de parte del ministro de Justicia, del Interior, de Seguridad o de cualquier otro. Ni un solo señalamiento crítico hacia mí, o hacia un fallo del juzgado. Este es el primer hecho, y yo lo debo juzgar como un hecho aislado. Por lo tanto, no puedo emitir una opinión acerca de posibles intencionalidades políticas.

—A ver si lo interpreto bien, ¿usted lo toma como algo que puede no tener intencionalidad política?

—Sí. No tengo por qué asignarle o teñirlo de esa intencionalidad. Formalmente no tengo elementos para sostener algo así.

—El secretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de asesores de Casa Rosada, José Torello, habrían recibido felicitaciones del Presidente por la remoción de Freiler, y estarían propulsando ahora su remoción.

—A mí, como magistrado, no me consta ni lo uno ni lo otro. Este trascendido de la felicitación presidencial la he leído en algún medio. Me parece una actitud un tanto inadecuada. Pero se trata de un rumor, tampoco podemos darlo por cierto.

—¿Hostigó usted a quien lo denuncia en el Consejo de la Magistratura, el diputado oficialista Waldo Wolff, para que no lo critique en los medios?

—Es uno de los elementos secundarios que están en el dictamen acusatorio que se propició el jueves pasado. Tiene que ver con que, en marzo de 2015, después que desestimara la denuncia de Nisman, este señor que hoy es diputado nacional, dijo públicamente que yo, como juez, había faltado a la verdad a partir de la aparición de dos documentos firmados por Nisman en diciembre de 2014, absolutamente contemporáneos con la redacción de la denuncia, en donde hablaba bien del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, en una visión opuesta a lo que trascendía de la denuncia. Este contrasentido a mí, como juez, me generaba perplejidad. ¿A cuál de los dos Nisman debía creerle? Pero el señor Wolff sostenía, y lo sigue haciendo, que yo falté a la verdad porque esos documentos estaban desfasados, eran anteriores y yo, sabiéndolo, de todos modos los introduje en mi resolución. Pasaron dos años, esto se investigó en el Consejo de la Magistratura y se probó que, efectivamente, esos documentos, habían sido firmados en diciembre de 2014. En diciembre de 2016 vino a declarar a la sede del Consejo Armando Antao Cortez, uno de los secretarios letrados de Nisman, y confirmó que esos documentos fueron firmados ante él, en diciembre de 2014 y que además había firmado otros en octubre y en noviembre. Lo cierto es que en esos documentos, contemporáneos con la redacción de la denuncia de 300 páginas que había sido preparada antes de presentarla porque Nisman estaba de viaje, hablaba elogiosamente del gobierno de Cristina Kirchner, y citaba el discurso que la ex presidenta había dado en Naciones Unidas en septiembre del 2014, tres meses antes. Cuando veo que este señor Wolff, a quien yo conocía, en nombre de la dirigencia comunitaria, porque además es ex presidente de la DAIA, públicamente me acusaba de faltar a la verdad, lo llamé para pedirle explicaciones. “Por qué decís semejante barbaridad? Esto no es así”.

—¿Pudo limar asperezas con Wolff?

—Para nada. Lo que quería era que dejara de difamarme. No lo logré. Hasta el día de hoy, pese a que lo del documento de Nisman quedó demostrado, este señor insiste en repetir lo mismo. Fue una conversación acalorada, muy áspera, pero en ningún momento alcé la voz, ni lo insulté, ni mucho menos lo amenacé. Esta es una de las cuestiones por las que deberé dar explicaciones el próximo jueves.

—¿Y qué espera que ocurra el próximo 7 de diciembre, cuando se presente en la Magistratura?

—Como funcionario de la carrera judicial de treinta años, como juez federal y como docente universitario, siempre confié en las instituciones democráticas. Tengo fe en que los mecanismos previstos por la Constitución mantengan el equilibrio de fuerzas y las tensiones entre los distintos poderes de Estado, y permitan resolver este conflicto de la mejor manera, y que se archiven estas falsas acusaciones. Por supuesto que voy a hacer uso del ejercicio de la defensa. Voy a exponer mis puntos de vista como juez. La mayoría serán cuestiones técnicas y jurídicas, pero además voy a responder a todas las preguntas, de modo tal de aclarar todas las dudas y despejar todos los prejuicios.

—Es optimista.

—Siempre lo soy. Lo fui cuando asumí, en 2004, y tenía por delante el enorme desafío de la reapertura de las causas por delitos de Lesa Humanidad. Usted lo conoce bien porque es una de las víctimas reconocidas por el juzgado.

—Sí, por supuesto, tuve que declarar en su juzgado.

—Casualmente hace dos días tomé personalmente una declaración muy importante de un suboficial de Gendarmería que está colaborando con la instrucción, de apellido Talavera y recordaba su paso por El Olimpo en 1979. Era un momento en el cual había pocos detenidos-desaparecidos.

—Sí, el Olimpo fue el último centro de detención clandestino del Ejército que se cerró poco después de mi detención (N. de R.: quedaban pocos detenidos porque asesinaron a 650 de los 700 que pasaron por el Olimpo).

—El recordaba su nombre como detenido clandestino, después puedo alcanzarle una copia de la declaración. En 2004, cuando asumí el cargo, había un coro de personas, de distintos ámbitos y procedencias, incluyendo los abogados de los imputados, que penaban que esa reapertura de los procesos iba a durar un suspiro, hasta la elección de medio término, a lo sumo: que no tendrían el aval de la sociedad, que se caerían. Pero fui optimista y eso me ayudó.

—¿Hasta ahora con el optimismo le fue bien?

—Sí, tanto en el plano personal como en el plano profesional; y esta instancia, a la cual ahora me voy a enfrentar, no es la excepción.

—¿Es cierto que, en algún momento, le hizo saber al Gobierno que aceptaría una salida elegante, que le gustaría ser defensor ante la Corte?

—No lo hice saber directamente. No tengo por qué hacerle saber nada a nadie. No tengo relación con el Poder Ejecutivo y nunca la tuve con ningún gobierno. En ese sentido hay una distancia y un respeto, por lo menos en mi juzgado, con todos los poderes políticos sucesivos. Cuando asumí el cargo también asumí un compromiso con los colectivos de sobrevivientes y familiares del terrorismo de Estado.

—¿La megacausa del Primer Cuerpo de Ejército es la más grande que haya instruido un juez?

—Es la más grande, sin duda. Hemos reconocido judicialmente casi dos mil víctimas y unos 200 acusados, de los cuales la mitad ya están condenados. Se han ido elevando a juicio, por tramos, algo así como de treinta centros clandestinos que funcionaron en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército. Durante los últimos cinco o seis años tuve oportunidades de anotarme en otros concursos para seguir avanzando en la carrera judicial, pero elegí no hacerlo porque sentía que tenía que cumplir. Pero ahora siento que, después de 13 años de trabajo, estoy en condiciones de aspirar a otro cargo. Por eso es que me decidí y, cuatro o cinco meses atrás, me anoté en un concurso para defensor adjunto ante la Corte Suprema. Un cargo atractivo, desde lo profesional y lo académico. Es un interesante desafío profesional, un progreso.

—Pero yo leí que a usted se le criticaba por decir que aspiraba a un cargo cuyo concurso ni siquiera se había abierto.

—El concurso se abrió, estuve un mes para reunir mis antecedentes y los presenté. Se anotaron algo así como cincuenta aspirantes a tres cargos de defensores. No tengo nada ganado, tengo que competir con otros 49 colegas. Lo que no se abrió fue la instancia de evaluación, que creo se hará en febrero.

—¿Qué opina de la filtración de las fotos y del video de la detención de Amado Boudou?

—Son cuestiones que no deberían suceder, sobre todo porque se obtuvieron en la privacidad del domicilio. Hasta donde sé, hay una investigación penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en el marco de esa investigación, es posible que aparezcan los responsables. Fue algo que generó escándalo, polémica, y fuertes críticas que contribuyeron a empañar lo que era un proceso llevado dentro del marco de legalidad.

—¿Qué diferencia hay entre los embates que recibió entre 2004 y 2009 por llevar a juicio al ex presidente Fernando de la Rúa y otros funcionarios radicales por la causa de los sobornos en el Senado, y estos actuales?

—Cuando asumí, en 2004, le di impulso a la investigación relacionada con el pago de los presuntos sobornos en el Senado por la sanción de la Ley de flexibilización laboral de 2000, durante el gobierno de la Alianza. Recordemos que allí hubo un arrepentido, Mario Pontaquarto, que en el 2013 había confesado. A mí, como juez de instrucción, la confesión de Pontaquarto me pareció sólida, convincente. Nosotros, con el equipo de trabajo del juzgado de la Secretaría 6 del Fuero Federal 3, hicimos un trabajo exhaustivo junto al fiscal Garrido y Federico Delgado, que era fiscal de la causa. Encontramos llamados telefónicos, contactos, testimonios que corroboraron la versión que había dado Pontaquarto.

—¿Se trataba de un arrepentido cuyos dichos, como en el caso del Lava Jato, luego se confirmaban con pruebas?

—Sí, por supuesto. A medida que fuimos avanzando en la investigación, citamos a indagatorias a los ex senadores y los funcionarios involucrados. Los procesamos y los elevamos a juicio. Hubo, sí, una serie de estrategias de hostigamiento hacia el juez. Denuncias en el Consejo de la Magistratura con la intención de generar presión que venían, claramente, de sectores políticos.

—¿De representantes radicales en el Consejo?

—Básicamente, sí. Esto pasó entre el 2004, 2005 y hasta 2009, que fue la elevación del caso. Luego tuve un segundo episodio con el Frente para la Victoria, con el caso Boudou, que fue en 2012. A cuatro meses de la reelección de la ex presidenta.

—¿Qué comparten aquellos embates de 2004 al 2009 con el radicalismo y los de 2012 con el kirchnerismo, y en qué se diferencian aquellos dos de éste con el macrismo?

—La diferencia evidente es que, en aquellos casos, las denuncias al Consejo no llegaron a prosperar hasta la instancia que atravieso hoy: que la Comisión de Disciplina y Acusación me cite para darle explicaciones. Antes, en un caso como en el otro, estaban ahí latentes, pero nunca se cerraban. Eso sí, aparecían trascendidos todo el tiempo en los medios.

—¿Cuáles son los argumentos y las diferencias entre la Cámara de Casación Penal, que ordena reabrir la causa de la denuncia de Nisman, y la Sala 1 de la Cámara Federal, que había rechazado abrirla?

—La denuncia de Nisman gira en torno al Memorándum con Irán, que se firmó en enero del 2013. Como sabemos, ese Memorándum, no vio la luz, no entró en vigor, Irán nunca lo aprobó, no se procesaron las cartas reversales. Ese Memorándum quedó trunco, no se convirtió en un acto jurídico y, por lo tanto, no pudo producir ninguno de los efectos que, supuestamente, podía tener. La mirada que tuve como juez, y que también la tuvieron la Cámara Federal y el fiscal de la Casación, es que era imposible que el Memorándum se convirtiera en un acto jurídico, y, por lo tanto, pudiera generar algún efecto.

—¿Por qué sería imposible que los generara?

—Porque habían pasado dos años e Irán abandonó su interés en la firma del Memorándum en 2014, la misma Cámara Federal había declarado inconstitucional el Memorándum y le prohibió al Poder Ejecutivo avanzar en las siguientes etapas hacia un supuesto acuerdo.

—¿No alcanza con la intención de cometer un delito para ser culpable?

—Lo que vale es el ordenamiento jurídico. En un Estado de Derecho, la mera intención no basta para configurar delito. Tiene que haber también una cuestión material, objetiva, que ponga en peligro un valor, un bien jurídico.

—¿Qué pasa si una persona no alcanza a consumar un delito, pero lo intenta, y hay sobrada prueba de que ése era su objetivo?

—En Derecho Penal hay tres etapas sucesivas. La primera es la preparación del delito. Supongamos que a una persona se le ocurre cometer un robo, acá en su editorial. Comienza la planificación, busca la dirección por internet, estudia las entradas, convoca a otros, compra sogas, elementos y tiene toda la intención de producir el robo. La policía los detiene y no hay delito, porque esa es la etapa de preparación. El delito punible comienza con la ejecución misma del delito. Pero si, Dios no lo quiera, irrumpen y son reducidos por el personal de seguridad, ya comenzó la ejecución, entonces eso sí es punible. Lo que como juez en primera instancia y la Cámara Federal y el fiscal de casación dijimos, es que, como mucho, lo que denunció Nisman, quedó en la etapa de preparación.

—Casación cree otra cosa.

—La Sala de la Casación, en diciembre del 2016, no compartió estos argumentos. Sostuvo que aun así, esto podía configurar una tentativa de encubrimiento. Hay una cuestión que se resaltó mucho en los medios y que sí surgía del Memorándum: uno de los puntos permitía una actuación autónoma. Las partes iban a comunicarle a Interpol su existencia. ¿Esto ocurrió? Sí. El canciller Timerman, el 15 de febrero del 2015, una semana después de la firma, le comunica a Interpol formalmente, por nota, la existencia del Memorándum. El problema para la hipótesis de la acusación, es que en ese documento clave firmado por Timerman, en dos párrafos se aclara que ese Memorándum, de ninguna manera modifica el estatus de las Notificaciones Rojas. Y le recuerda a Interpol que el único en condiciones de cambiar la situación de las órdenes de captura de los funcionarios iraníes es el juez de la causa. Y para mayor seguridad, se le pide a Interpol una confirmación oficial. Un mes después, el 15 de marzo del 2013, el jefe de asuntos jurídicos de Interpol le respondió a la Cancillería argentina, confirmándole que la firma del Memorándum no altera en nada el estatus de las Notificaciones Rojas.

—Usted, el fiscal de Casación y dos jueces de la Cámara Federal creen que no se constituyó delito. Por el contrario un juez de la Cámara Federal y los de la Cámara de Casación creen que sí se constituyó delito. Como se dice vulgarmente, “la mitad de la biblioteca a favor y la otra mitad en contra”.

—Sí, eso es habitual en cualquiera de los fueros de la Justicia. Para nosotros, como jueces, es algo cotidiano. Muchos fallos son confirmados, y después los camaristas tienen otra mirada. Esas son las reglas del juego. En este caso, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal tuvo la última palabra y dispuso la apertura, con los argumentos que ellos han desarrollado. No soy quien para dar una opinión de lo que han dicho mis superiores en esa causa.

—Usted es docente. Si tuviera que analizar el fallo de la Cámara de Casación como profesor, frente a su alumnado universitario, ¿diría que lo que ellos resolvieron es opinable?

—Desde ya. Pero yo sostengo, como juez y como profesor, lo que resolví en su momento. Habiendo estudiado cada una de las 300 páginas de la denuncia que redactó Nisman, más las 400 escuchas que él seleccionó como elementos de cargo, más los documentos y testimonios que recogió y presentó como prueba, sigo convencido de que era correcta mi decisión. Pero las reglas del juego son éstas. Hay distintas instancias. Pero yo sostengo que los actos preparatorios no son punibles. Si el camino hacia el principio de la ejecución de un delito está cerrado, como yo veía que sucedía en el caso Nisman, no se puede abrir una investigación penal. No puedo enseñar una cosa en la Universidad y hacer otra como juez.

—Su afirmación de que los actos preparatorios no son un delito ¿es parte de una doctrina unánime?

—Es unánime. Es un principio del Derecho Penal Liberal que está reconocido en el artículo 42 del Código Penal. Esto es una de las cuestiones que separan el Derecho Penal del Estado Liberal, de lo que es la legislación penal del Estado Autoritario. En el Estado Autoritario, la preparación es punible. Porque revela una “intención criminal” que, aunque no formalizada en actos materiales, ubica al sujeto como “enemigo”.

—¿Qué piensa de la imagen general de los jueces federales, que están vistos por la sociedad como faltos de independencia, demasiado asociados al poder político?

—Me duele. No me siento identificado con esa visión. Las sentencias que se adoptan en primera instancia, en Cámara, o en tribunales orales, siempre disparan especulaciones de tipo político. Si uno habla con los jueces, ellos tienen su visión, y sus explicaciones no necesariamente coinciden con lo que se instala en los medios. Por ejemplo, lo dispuesto por el doctor Lijo en relación con la detención de Boudou. En la versión del juzgado hay una secuencia cronológica que hace comprensible la decisión que toma el Juzgado Federal 4 de ordenar la detención. Unas semanas antes, concluyó un peritaje profundo de los bienes de Boudou y de los demás imputados y sus conclusiones llevaron al juez a convencerse de que la calificación legal tenía que modificarse, incorporar la de Asociación Ilícita y poner al ex vicepresidente como uno de los organizadores, o jefes, lo que tiene una pena mínima de cinco años. Esto precipita la prisión preventiva. Sin embargo, la lectura instalada en los medios es diferente: lo analizan desde la coyuntura política.

—¿No cree que algunos miembros de la Justicia Federal se comportaron de manera reprobable a lo largo de los años y crearon esa imagen?

—Lo que creo es que esa mirada pública sobre la actuación de la Justicia Federal comenzó a cimentarse mucho tiempo antes de que yo asumiera como juez. Pero no podría precisar exactamente cuándo.

—¿Durante el menemismo?

—No sé en qué momento, pero cuando yo asumí, en 2004, me acuerdo que la primera pregunta que me hicieron los periodistas acreditados estaba relacionada con esto. Estaba muy instalada esa idea y lamentablemente sigue estándolo.

—La idea del cobro de sobresueldos pagados por la SIDE, el crecimiento desmesurado del patrimonio de algunos jueces ¿son parte del imaginario o tienen algún correlato con los hechos?

—A mí no me consta. No puedo contestar ese tipo de preguntas sin tener la información, o sin que alguien alguna vez haya sido procesado por esas cuestiones. Recuerdo, sí, que hubo procesos en relación con presuntos pagos. Se hablaba de listas.

—Varios jueces no han podido demostrar el origen de su patrimonio.

—Bueno, sí. Mi antecesor en el cargo, Carlos Liporace, fue suspendido y con una condena. Esos casos nos desprestigian, por supuesto.

—Pero usted las considera excepciones.

—Sí, no tengo dudas. El 99% de los magistrados son honestos, trabajan todos los días, hacen lo mejor que pueden en las, muchas veces, pésimas condiciones que tienen para trabajar. Lo mismo los fiscales, los funcionarios, los empleados. Esto lo veo cotidianamente, todos desbordados de expedientes, en condiciones edilicias lamentables. Así y todo, el trabajo se hace, sale, con mucho esfuerzo. Existen algunas excepciones, ciertamente escandalosas, muy agraviantes, y eso termina afectándonos a todos.

—¿Qué influencia tenemos los medios en la construcción de una mala imagen de la Justicia?

—Como juez, docente y ciudadano común, formo parte de una sociedad que vive en un constante cambio tecnológico, algo que fue muy fuerte en los últimos veinte años. Es una realidad que llegó para quedarse. No hago un juicio de valor, sólo destaco un dato de la realidad. Los medios masivos de comunicación cada vez ejercen mayor influencia, sobre todas las áreas, todos los poderes. En el marco de la Justicia, la influencia de los medios está basada en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Esto en algún punto, es positivo, porque entonces la actuación en la Justicia está monitoreada, sobre todo cuando son causas que concitan la atención de la opinión pública. Los medios funcionan como una suerte de contralor.

—¿Qué sintió al ver una solicitada en la que se lo acusaba de “intolerable parcialidad”, firmada por 315 personas públicas, entre ellas, el hoy diputado Wolff, Elisa Carrió, el entonces presidente de la Sociedad Rural y hoy ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, la ex funcionaria de la Alianza Graciela Fernández Meijide, la ex vicejefa de la Ciudad Cecilia Felgueras, el ex ministro de Alfonsín Horacio Jaunarena, periodistas como Fanny Mandelbaum, Marcelo Longobardi y Alfredo Leuco, el empresario Grobocopatel, el ex fiscal Pablo Lanusse, el ex secretario de Cultura de Néstor Kirchner José Nun, el constitucionalista Sabsay, entre otros?

—Fue una solicitada publicada en junio de 2016 y estaba relacionada con mi actuación y mi mirada sobre la denuncia del fiscal Nisman. Lo que puedo decir es que siempre, a lo largo de estos 13 años y en toda mi carrera, he sido respetuoso de las opiniones que puedan tener los periodistas, la gente del ámbito político, o del ámbito que fuera, en relación con mis fallos. También lo soy en este caso.

—Pero no sólo discrepan con el fallo: dicen que su fallo es parcial.

—Pero más allá de todo, no deja de ser una crítica al fallo, tal vez más cargada de sentido. Lo que me pareció reñido con el respeto a la investidura fue el título de esa solicitada, que pedía, directamente, mi remoción como juez. Me pareció muy poco feliz ese título.

—En algo se parecen la Justicia y el periodismo: lo que es punible no es el error, sino que se tergiverse de manera consciente. La parcialidad, en el caso del periodista como de un juez, lo descalifica profundamente porque no se trataría de un error puntual sino de un estado permanente.

—Cuando un Tribunal Superior revoca un fallo inferior, normalmente dice: “Ha sido parcial en el análisis del caso o arbitrario”, son los términos que se utilizan.

—¿Se imaginaba el año pasado, cuando leía esa solicitada, que podía terminar pasándole lo que ahora le pasa?

—La verdad que no. Pensé que no me iba a suceder. Me equivoqué, claramente.

—Zaffaroni calificó su citación al Consejo de la Magistratura como “revanchismo”. ¿Hay revanchismo?

—No conocía esa declaración pública de Zaffaroni. No puedo calificar la situación de esa manera porque en dos años, este gobierno no tuvo conmigo ningún gesto, ningún señalamiento. No podría afirmar algo así.

—Pero los dos primeros años el Gobierno tuvo un marco de poder menor que después de las elecciones de octubre. ¿No percibe una aceleración en las medidas? ¿Que es distinto después de octubre que los primeros casi dos años?

—Espero que no sea así, sinceramente. Por el bien de las instituciones y por el bien de la democracia. No es bueno el revanchismo o la venganza, venga de dónde venga, y apunte a quién apunte. Más allá del color político o la ideología, eso es incompatible con la lógica de la democracia.

—También se comenta que estas operaciones en su contra arrancaron después del fallo en el que vinculó el traspaso de las acciones de Papel Prensa a la viuda de Graiver, con la represión ilegal. ¿Cree posible que esas críticas tengan algo que ver con su intervención en el caso Papel Prensa?

—No lo creo. Sería una teoría conspirativa en las que no creo, también por convicción, porque normalmente las teorías conspirativas nunca son ciertas. El fallo al que usted se refiere fue una declaración de incompetencia, hace seis o siete años. No tengo elementos para vincular ese fallo, entre tantos miles de fallos que he tomado, con cualquiera de las consecuencias posteriores. Suponer que existan periodistas que opinen de tal o cual manera a partir de una decisión previa tomada por mí, pone en cuestionamiento el rol del periodismo. Yo tengo una mirada y un respeto total por la libertad de expresión. Son valores que enseño en la Facultad. Si asumo como juez federal, tengo que hacerme cargo de que inexorablemente, en algún momento, voy a tomar medidas que pueden ser mal vistas por distintos factores de poder, que iba a estar sometido a la crítica de un sector y, en todo caso, a la ponderación de otro sector. En mi caso la paradoja es que los que me criticaban ayer, hoy me ponderan; y los que me ponderaban ayer, hoy me critican.

—¿El abogado de Héctor Magnetto llegó a denunciarlo?

—Sí, es verdad. Me había olvidado de eso. Diez días después, se presentó en el Consejo de la Magistratura pidiendo que avance un proceso por aquella decisión que había tomado. Después de algunos años terminó por la vía lógica, que era la desestimación.

—¿Considera que el intento de destituirlo también puede estar originado en sectores vinculados, directa o indirectamente, con las Fuerzas Armadas, a raíz de la megacausa sobre derechos humanos que llevó adelante?

—Sé que mi actuación constante en estos casos, ha generado algunos enojos de referentes, o nostálgicos, o defensores de la dictadura, el terrorismo de Estado. Eso es inevitable. Cuando uno toma decisiones que generan consecuencias personales, y de todo tipo, es esperable que esos sectores reaccionen. En mi caso, gracias a Dios, siempre fueron institucionales: denuncias, críticas públicas, señalamientos. Nunca se llegó a un plano más complicado, como sería recibir amenazas, o persecuciones.

—De los jueces federales en actividad, ¿usted es el que más actuación ha tenido en temas relacionados con los derechos humanos?

—Creo que sí. En términos numéricos, al menos. No quiero desmerecer a nadie, por supuesto, porque hay otros jueces, magistrados, que han trabajado muy bien, tribunales orales, cámaras.

—¿Notó un cambio de humor de la sociedad en la valoración o la importancia de los juicios de lesa humanidad?

—Para nada, rotundamente no. Hablamos de una conquista colectiva de la Justicia, de los medios democráticos, la clase política. Esto se notó después de la sanción del fallo de la Corte del 2x1, cuando hubo una manifestación muy importante que mostró que el humor social sigue inalterado, respaldando estos procesos.

—¿Qué opina del fallo del 2x1 de la Corte?

—Es un fallo garantista, basado en argumentos. Pero no es cuestión de si lo comparto o no. No quiero emitir una opinión sobre el fallo, porque también el voto de la minoría, de los doctores Lorenzetti y Maqueda tiene una argumentación de peso. Lo que digo es que se trata de un fallo basado en una interpretación de principios constitucionales, de reglas del Código Penal.

—El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizó una investigación sobre juzgados federales en los que habría detectado “inexplicables parálisis” en algunas causas. Los mencionan a usted y al juez Lijo. En su caso hablan de seis causas, algunas con 10 y 15 años de antigüedad, en las que nunca se citó a nadie a indagatoria. ¿Qué dice sobre eso?

—Fue llamativa esa situación, y tuvo repercusión en algunos medios. En mi caso, de miles de expedientes fueron señalados seis, en el marco de un proceso de auditoría que aún no termina. Me hubiera gustado que los que hicieron esta presentación me hubieran consultado previamente. Así se enteraban, por ejemplo, que de esos seis casos, en tres ya se habían tomado indagatorias en 2016, y que dos fueron archivados por inexistencia de delito. Quedó como remanente una causa, iniciada en 2015, que está en pleno trámite con una pericia consensuada con la fiscalía y la defensa.

—Usted, en 1998, trabajaba en la Procuraduría de la Nación y a partir de 2003 llegó a ser secretario letrado, cuando el procurador era Esteban Righi. ¿Tuvo con él una relación de trabajo estrecha, una amistad?

—No sé si amistad. Ojalá. Tengo el mejor de los recuerdos de esa etapa de mi trabajo. Esteban Righi es, además de un gran jurista titular de cátedra y profesor emérito de la Facultad, una persona de excelentes cualidades personales y profesionales. Fue un honor trabajar con él, y ayudarlo.

—Righi tuvo una salida abrupta del gobierno y presentó la renuncia a su cargo, y al mismo tiempo usted era denunciado por el vicepresidente Boudou.

—Sí, él decidió presentar la renuncia e irse a partir de aquella conferencia de prensa de Boudou, en la Semana Santa de 2012.

—¿Tiene usted simpatía por lo hecho por Néstor Kirchner durante su presidencia?

—Hubo algunas políticas importantes que impulsó, en derechos humanos o para mejorarle la vida a los sectores más postergados, que uno puede compartir; y hubo otras que no. Como a cualquier gobierno uno le ve cosas positivas y otras negativas. Pero eso no quiere decir que haya tenido una adhesión fanática.

—No con adhesión fanática, pero ¿a usted no le gustaba Kirchner como presidente?

—No particularmente. Siempre estuve consustanciado con mi rol de juez, por lo tanto a mí, y a ningún juez, las simpatías no nos influyen para nada.

—En un momento dijo que el kirchnerismo lo había “acosado”. Ese fue el término que utilizó.

—Sí, un sector del Frente para la Victoria que controlaba el Consejo de la Magistratura.

—¿Eso fue a partir de 2012?

—Claro, en marzo o abril de 2012, después de mi actuación en la causa Ciccone.

—Pero el gobierno kirchnerista no lo citó como ahora al Consejo. ¿Lo acosa más este gobierno que el anterior?

—La sensación de acoso, en el gobierno anterior, fue una cuestión permanente durante un año y medio, o dos años. Todo el tiempo en los medios, viendo cómo reunían votos. Por suerte, no los consiguieron.

—¿Por qué lo citan ahora y no lo citaron antes?

—Me imagino que quizás es una cuestión de estrategia. Puedo intuirlo, no lo sé. Quizás durante la gestión anterior no se avanzaba en el sentido de citar a un juez para dar explicaciones, si no se aseguraban antes los votos necesarios.

—¿El hecho de que lo citen ahora no podría indicar que tienen esos dos tercios?

—Esa es una pregunta que no puedo responder. Habría que hacérsela a alguno de los consejeros. Quizá soy demasiado optimista, ya lo he reconocido, pero espero que todo salga bien.

—En el caso Boudou hubo un tema con unos mensajes de WhatsApp que intercambió con Ignacio Danuzzo Iturraspe, un abogado vinculado a Núñez Carmona, dándole consejos para manejarse. ¿Tiene alguna autocrítica para hacer sobre esto?

—Sí, por supuesto. Se trataba de una conversación privada con un amigo mío y de mi familia, de años. Era el mejor amigo de mi hermano menor, estuvo en mi casa familiar un montón de veces. Era un abogado que trabajaba en un estudio comercial y había sido mencionado porque tenía no sé qué participación en una sociedad. Estaba preocupado y me vino a ver. Me dejó su teléfono y empezó a hacerme preguntas. En confianza, por ahí hablábamos sobre el caso. Pero eso fue antes que yo tuviera la causa, que estaba delegada en la fiscalía de Rívolo. En algún momento advertí que el tenor de las preguntas ya comenzaba a lindar con una cuestión del lobby y le dejé muy en claro que lo charlado era una cuestión estrictamente personal. El no era abogado de ninguno de los imputados en la causa. Nunca lo fue, ni antes ni después.

—No lo fue formalmente, pero evidentemente algún interés tenía.

—Quería pasar a formar parte, ésa era su aspiración. Pero cuando me llegó el caso, en el expediente hice lo que tenía que hacer. Recuerdo que este chico hasta me lo recriminó.

—¿Por qué lo apartaron de la causa?

—En su momento, la defensa de Boudou y no me acuerdo cuál otro imputado, hicieron un planteo de recusación después de los allanamientos, con tres o cuatro causales diferentes. Alguna prosperó y la Cámara, la Sala 1 me apartó, y ahí pasó al juzgado del doctor Lijo. Después continuó y ahora está en etapa de juicio oral.

—¿Prosperó por los mensajes de WhatsApp?

—Creo que sí. Lamentablemente encontraron esa cuestión que tenía que ver con mi vida privada. Unos contactos absolutamente informales a las 11 de la noche, con una persona que era de mi amistad. Para nada compartí que me hayan apartado por una causal así. La paradoja era que quienes lograron que me apartaran era la defensa, los supuestos beneficiados. Pero es como siempre me pasa a mí: es lo que tienen, no tienen nada. A lo largo de mi carrera, los argumentos para desplazarme siempre han sido poco sustentables.

—¿Eso buscaban?

—Sí. Muchas veces hay una suerte de provocación de parte de alguna de las partes, y el juez tiene que evitar caer en la trampa.

—¿Su autocrítica es porque cayó en la trampa?

—Y sí. Nunca me imaginé que una conversación privada intrascendente pudiera provocar lo que provocó. Lo dijo el fiscal Rívolo en un escrito que presentó ante el Consejo: “El juez Rafecas actuó conforme a derecho, cumpliendo con la ley procesal, en ningún momento se apartó de lo que tenía que hacer, nos hizo lugar a todos los allanamientos”. El propio fiscal avaló mi actuación, en ese caso.

—En 2013 De la Rúa fue encontrado inocente y el tribunal oral que lo sobreseyó le dedicó fuertes cuestionamientos. Leo textualmente: “La forma en que procedió el juez Daniel Rafecas patentiza su parcialidad y falta de ecuanimidad en la investigación de los hechos”. ¿Qué descargo puede hacer?

—Fue muy doloroso para mí. Sobre todo por el equipo que me acompañó trabajando en ello casi durante años.

—¿Mantiene la convicción de que De la Rúa era culpable?

—No puedo afirmar eso, porque yo actué como juez de instrucción. Reuní una serie de pruebas, me parecieron suficientes para que el caso se debatiera en juicio oral y ésa fue mi labor. No hice un juicio que llevara a una conclusión categórica. Lo que reuní fueron indicios, testimonios, elementos.

—¿Existe en el sistema político argentino, en el Congreso y en el Poder Judicial el deseo de evitar que un ex presidente vaya preso?

—En este caso se estaba lejos de eso. Pero que un ex presidente vaya preso genera una conmoción política nacional e internacional. Hay que manejarse con mucha prudencia, incluso en un caso como éste. En la escala penal era de uno a seis años, y no necesariamente (N. de R.: el caso de De la Rúa, con una pena de hasta tres años, no hubiera sido de prisión).

—Pero mi pregunta tiene que ver con la imagen de Menem, condenado y asumiendo como senador, lo mismo que Cristina Kirchner, con la cantidad de juicios que tiene, y Pichetto, reafirmando la tradición del Senado que hasta que no haya fallo de la Suprema Corte no hay desafuero. ¿La sociedad y la clase política discrepan sobre que haya o no un presidente preso?

—La opinión pública sostiene que todos somos iguales ante la ley, desde el último chico del Conurbano hasta un ex presidente. Pero en el caso de Menem creo que, institucionalmente, hay que escuchar las dos campanas. Por un lado tenemos una expectativa pública de que los fallos se cumplan, pero por el otro tenemos la mirada justiciable de un ex presidente que sostendrá hasta el último momento que su condena es injusta, que está mal hecha o ya está prescripta. Lo mejor es esperar que se agoten todas las instancias de revisión. ¿Para qué? Para que un paso de semejante gravedad institucional, de tanta conmoción nacional e internacional, pueda concretarse de manera prolija. Son cuestiones delicadas. La postura de un presidente de bloque como Pichetto no deja de tener una mirada respetuosa de las reglas de juego del Estado de derecho.

—El juez Sergio Moro, hace más de un año, en Curitiba, me decía que la gran diferencia entre los casos del Lava Jato y el anterior, de Mensalão, es que antes en la historia jurídica brasileña los ex presidentes y los ex ministros sólo podían ir presos, igual que acá, una vez que se tuviera el fallo definitivo en el Supremo Tribunal, y ahora se les aplica la prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión respecto de la utilización de la prisión preventiva en esos casos?

—La utilización de la prisión preventiva es algo que está previsto en la ley. Y depende de cada caso. Tiene que ver con la índole del delito, con el grado de avance de la causa, con la posición en la cual se encuentra el acusado, si está en el poder, si ha dejado el poder, si estuvo en el poder y ya no; la posibilidad real que tiene esa persona de entorpecer la investigación o de fugarse, si ha dado indicios o manifestaciones de fugarse, si ha sido reticente en las convocatorias del tribunal. Depende de un repertorio bastante complejo de elementos.

—Como antes en Brasil, en Argentina ha habido una tendencia a no aplicar la prisión preventiva. ¿Cambió ahora esa tendencia?

—No podría hablar todavía de cambio de tendencia. En realidad fueron dos casos a partir de lo que usted se refiere: De Vido y Boudou. Ambos de enorme trascendencia. El cambio de carátula en la causa Boudou de enriquecimiento ilícito (a asociación ilícita) es un elemento más del complejo repertorio que un juez debe tener en cuenta para ir a la excepción, que es la prisión preventiva. El caso De Vido no lo conozco tan en profundidad. Sí me consta, y esto es cierto, que hubo una decisión del superior de la Cámara Federal en ese sentido.

—¿No sentó jurisprudencia?

—No podemos hablar de una jurisprudencia reiterada a partir de ese fallo, porque hemos tenido estos dos, nada más.

—Otra de las controversias que tuvo usted fue una investigación del Consejo de la Magistratura por sobreseer por malversación de fondos públicos a un ex funcionario del Incaa en una causa que eran investigados unos socios comerciales de un socio de su hermano, Diego Rafecas. El cineasta había sido, supuestamente, beneficiado con créditos millonarios. ¿Qué pasó en ese caso?

—Esto fue un ejemplo del mal uso del Consejo de la Magistratura para perseguir, difamar y afectar la tranquilidad de un juez. Era una denuncia falsa, dolosamente injusta. Me tocó, como tantas otras que me han tocado, una causa relacionada con el Incaa por la instalación de un laboratorio. Una denuncia que afirmaba algunos hechos que me llevaron a citar a indagatoria. Pero luego se demostró que ese laboratorio fue montado, estaban los equipos, todo. No había delito. Por lo tanto, con el consentimiento del fiscal, se dictó el sobreseimiento.

—¿Sobreseer a un socio de su hermano?

—Permítame terminar. El punto es que no sé de qué manera se armó una tarea de inteligencia para fundir la denuncia y la noticia en los medios para intentar difamarme. Decían que yo, como juez, había sobreseído a un empresario, que esto había sido así; que otra empresa que no estaba vinculada con la causa era socio de otro empresario, y ese otro empresario, en una tercera empresa, se había asociado con mi hermano para filmar una película no sé cuántos años atrás. Era grotesco. La denuncia la presentó el senador radical Cimadevilla. Hicieron un trabajo de inteligencia y mezclaron una nota que había dado con mi hermano por el lanzamiento de una película suya. Querían pegar el hecho con Diego, era obvio. Me defendí duramente y la denuncia fue desestimada por amplia mayoría. Fue otra de las persecuciones que sufrí.

—Usted ha tenido una enorme cantidad de denuncias. Su predecesor en el juzgado, el juez Liporace, fue suspendido por seis meses por el Consejo de la Magistratura y condenado después. ¿Se podría decir que el hecho de que haya sólo 12 jueces federales por los que pasan todas las denuncias de los funcionarios del Poder Ejecutivo genera una inestabilidad tal que es muy difícil resistir mucho tiempo sin acumular denuncias?

—Ese es el objetivo de los sectores disconformes con la labor de un juez. En mi caso primero fue el radicalismo, después sectores del kirchnerismo y ahora del macrismo. Mi fórmula para lidiar con esas situaciones de causas abiertas ha sido ocuparme, responder, hacer mis descargos inmediatamente para desarmarlas, desvirtuarlas, y después olvidarme del asunto y seguir con mi trabajo.

—En Brasil los jueces federales de todo el país pueden juzgar a los funcionarios del gobierno nacional. En Argentina, sólo los 12 jueces de la Ciudad de Buenos Aires.

—Es así. Desde que asumí, he tenido todo el tiempo casos que estuvieron en la consideración pública, que generaron mucha expectativa y que, haga lo que haga como juez, le caerá bien a un sector y mal a otro; me van a criticar de un lado y posiblemente me ignoren o me ponderen del otro. Esto, en el Juzgado Federal 3 ha sido una constante. Pero no sé si la solución pasa por crear nuevos juzgados, o tener más jueces. No sé si esto mejoraría la situación o la empeoraría. De lo que sí estoy convencido es que, como Estado, debemos abandonar de una vez por todas, el modelo procesal sobre el cual trabajamos. Sobre todo en la instrucción, que es del siglo XIX. Secreta, escrita, cargada de recursos interminables, con vistas que no son necesarias. El modelo procesal es muy atrasado, y debemos reemplazarlo por un modelo acusatorio más ágil, que introduzca la oralidad.

—Usted fue consultor académico ad honorem en la Fundación Memoria del Holocausto en Buenos Aires, dictó conferencias sobre la Shoá en Estados Unidos, en el Auschwitz Institute, en Francia, la Unesco, España, el centro Sefarad-Israel, en la Yad Vashem de Jerusalén, y escribió un libro sobre el exterminio de los judíos europeos. Es evidente que ha tenido una gran preocupación por la cuestión judía.

—Y la sigo teniendo.

—¿Qué pasó con su relación con la colectividad judía, que cambió a partir del caso Nisman?

—Bueno, en ese sentido no puedo juzgar a nadie, no puedo forzar las cosas. Mis preocupaciones, mis investigaciones, mis lecturas siguen incólumes, como mi preocupación por la difusión de la memoria del Holocausto, por los peligros del antisemitismo, la discriminación. Sigo trabajando en esos temas, doy clases, charlas, conferencias. No tengo ningún problema con nadie de la comunidad judía ni con la dirigencia comunitaria, ni con las instituciones que forman parte de ellas. Mis convicciones siguen siendo las mismas de toda la vida.

—La muerte de Nisman fue el mayor catalizador de la grieta. De hecho, Macri pasó de tercero a primero en las encuestas en 2015. Cuando usted falló desestimando el tema del Memorándum, ¿era consciente de la importancia que tendría el caso en la sociedad argentina?

—No. Pero debemos ponernos en contexto. Nisman presentó la denuncia a mediados de enero de 2015 y yo fallé a fines de ese mes. Nisman presentó la denuncia en el Juzgado Nº 4, de Lijo, porque ahí tramitaba la vieja causa de encubrimiento.

—Además, estaban de feria. Ahí atendió sólo Servini, que no lo abrió.

—Cierto, fue así; y el lunes 2 de febrero el juzgado mandó a sorteo el caso y terminó en mi juzgado. Yo estaba de vacaciones y decidí

regresar antes para estudiar bien el caso. Fue un período breve el que tuve como para meditar sobre las implicancias sociales o políticas que tendría. Para mí era un caso más. De mucha trascendencia, relacionado con una persona que apreciaba, y conmovido por lo trágico de su desenlace. Pero lo que hice fue ajustarme al plazo exiguo que me daba el Código Procesal Penal para resolver una desestimación.

—De haber tenido conciencia de la envergadura que iba a tomar el caso en la sociedad, ¿hubiese tomado más tiempo para expedirse?

—No lo creo. ¿Qué hubiera podido cambiar si me tomaba más tiempo? Estoy seguro de que hubiese fallado exactamente como fallé.

—¿Usted conoció bien a Nisman?

—Sí, teníamos una relación cordial, de respeto mutuo. No me atrevería a decir que lo conocí muy bien porque no fue así. Nuestra relación era de camaradería, dos funcionarios de carrera de muchos años que incluso compartían pasiones en común, como la cuestión del antisemitismo que desarrollamos en algunos foros. El me manifestó su solidaridad en algunos casos de ésos que sufrí, los ataques, en fin…

—¿Usted tomó en su juzgado funcionarios recomendados por Nisman, y Nisman tomó en su fiscalía personas recomendadas por usted?

—Exacto, fue así.

—¿Cómo era el Nisman que conoció?

—Una persona hiperactiva que tenía el apoyo de muchos sectores, que era un invitado permanente para exponer sobre el tema AMIA. Públicamente tenía un perfil alto y dejaba muy en claro cuáles eran sus posiciones y sus estrategias. Fue designado por la administración Kirchner, y no hubo, hasta donde yo sé, ni interferencias ni conflictos con el poder político en su trabajo como fiscal.

—¿Cómo era su personalidad?

—Públicamente se mostraba muy activo, pero era afable, agradable de tratar. No soy judío pero siempre lo saludaba para el shaná tová, y charlábamos. Incluso le sugerí una persona que me parecía tenía el perfil ideal para la UFI AMIA y él me llamó para agradecerme porque la había designado. Nos llevábamos bien.

—¿Por qué Nisman tardó tanto tiempo en presentar su denuncia cuando el Memorándum fue firmado en enero de 2013?

—Es una buena pregunta que, lamentablemente, yo no puedo contestar.

—Una persona hiperactiva, preocupada, con esa sola causa, pues no tenía otras. ¿No es algo extraña su tardanza?

—Para hacer más inquietante la pregunta, recuerdo que los elementos de prueba que Nisman acompaña para intentar abrir el caso en el ámbito penal, eran todas declaraciones, escuchas telefónicas, previos a la firma del Memorándum con Irán. Incluso muy anteriores. A él le preguntaron lo mismo en una de las entrevistas que dio en televisión y contestó que lo suyo era una cuestión de convencimiento personal.

—Si todas sus pruebas eran de antes de 2013, si no existían hechos nuevos y decidió presentar su denuncia de apuro, volviendo en medio de sus vacaciones, y al mismo tiempo como usted contó, hace un escrito en sentido completamente contrario a la denuncia en diciembre de 2014…

—Sí, lo del escrito fue exactamente así.

—¿No es una conjetura lógica pensar que el momento de la presentación no tuvo que ver con un acto de convencimiento, sino con otro motivo?

—Respecto de la denuncia de Nisman sólo puedo hacer consideraciones jurídicas. No puedo hacer ese tipo de especulaciones.

—Ese apuro por regresar de sus vacaciones del exterior y presentar la denuncia durante la feria, ¿no indica que había una premura más allá de la propia causa?

—No lo sé. Mi participación en el tema Nisman se limitó a analizar el caso, los elementos que presentó, el requerimiento de instrucción del fiscal Pollicita que redujo la denuncia en dos hechos concretos: la cuestión de la Comisión por la Verdad y la cuestión de las Alertas Rojas, que ya repasamos. Yo sólo dije: señores, para mí no hay delito, y como no hay delito, no puedo abrir a prueba el caso.

—El caso Nisman es un tema tan trascendente políticamente y afectó de una manera tan profunda a la sociedad que intentar comprender el móvil del fiscal es pertinente.

—Sí, lo comprendo. No digo que no. Lo que pasa es que mi participación en este asunto ha sido como juez, y no puedo salirme de ese marco.

—¿Hubo un Nisman diferente a lo largo de los años? ¿Notó que en algún momento fue cambiando su mirada sobre la política o la Justicia?

—No tenía con Nisman una relación tan estrecha como para advertir cambios. Lo mío no pasaba de mantener una relación cordial de colegas, no más que eso.

—Usted conocía a su ex mujer, la jueza Arroyo Salgado. ¿Siguió teniendo relación con ella tras su separación de Nisman?

—Me enteré mucho tiempo después de esa separación. Nunca supe cuándo sucedió, en realidad. Siempre tuve una relación buena con la doctora. Somos colegas, ella de San Isidro, yo de Capital, y alguna vez también le recomendé a alguien.

—¿Por qué cree que Nisman descreyó, e incluso criticó, la denuncia del pacto con Irán que el periodista Pepe Eliaschev publicó en PERFIL en 2011? ¿Alguna vez le comentó algo?

—Recuerdo bien la publicación de las dos notas en PERFIL, con algunos párrafos preocupantes, muy duros. Lo que sucedió después, y eso sí lo puedo comentar porque estaba entre los elementos presentados por Nisman en su denuncia y lo estudié en profundidad, es que la fiscalía UFI AMIA citó al periodista Eliaschev a prestar declaración para que se explayara sobre su información. Y la verdad es que la declaración de Eliaschev en sede judicial no colmó las expectativas. Vaciló mucho cuando fue preguntado por el origen de su información.

—Lógico, tratándose de un periodista y sus fuentes.

—Es cierto, pero me refiero incluso a lo que él había afirmado en la nota, que no resultó tan sí. En la declaración bajo juramento relativizó algunas de las cosas que había escrito y también reveló que había tenido una discusión con las autoridades del diario para decidir si la nota era o no publicada. Usted habrá participado en ella: él la contó con mucho detalle.

—Sí, por supuesto. Como se trataba de una denuncia muy importante se le preguntó insistentemente si estaba lo suficientemente seguro, pero nunca se le pidió que revelara la fuente.

—En la declaración testimonial dijo que él nunca había tenido en su poder el original, sino que le habían mostrado un paper escrito en idioma farsi y traducido al inglés. Lo que allí se decía era que estaban dadas las condiciones para que Argentina e Irán reanudaran relaciones. Punto. Eso es lo que declaró bajo juramento en la fiscalía. Especular con que ese supuesto acuerdo informal involucraba también la cuestión de la AMIA corría por cuenta de alguien que no era la fuente, digamos. Nisman pensó que esa información no tenía mucho sustento, porque evidentemente nada sucedió. Tampoco después de la firma del Memorándum.

—¿Usted conoce a Jaime Stiuso?

—Lo vi una sola vez, apenas asumí en el cargo. Pedí la colaboración de la SIDE para ubicar a un acusado de un delito de lesa humanidad que estaba refugiado, según la información que yo tenía, en Bolivia. Stiuso se presentó en mi despacho, me dijo que no lo podían hacer y me explicó por qué. Fue una reunión inesperada. No esperaba conocerlo. Nunca más tuve relación con él.

—Del orden de la conjetura, como si fuésemos regidos por el sistema judicial inglés, en el que la convicción permite a los jueces libertades que nuestro sistema jurídico no suele permitir. Si concluimos que la muerte de Nisman benefició electoralmente a Macri y perjudicó la continuidad de Cristina Kirchner, si se tratara de un asesinato, ¿cuál podría ser el móvil?

—Para hacer una especulación de esa naturaleza tendríamos que pisar un terreno más firme. Cuando la Corte Suprema terció en el asunto y ordenó que el caso pasara de la Justicia común a Federal, dejó abiertas dos hipótesis. La del posible suicidio, o el posible homicidio. Incluso la de una instigación al suicidio. Eso es lo que debe dilucidar la Justicia. Además, tenemos dos estudios forenses. Uno del Cuerpo Médico Forense y otro de la Gendarmería que, como es de público conocimiento, llegaron a conclusiones contrapuestas. Hay un fiscal, un juez, colegas que trabajan sin descanso, sin descartar ninguna hipótesis. Ellos hacen lo que nos gusta hacer a los hombres de la Justicia. Buscar la verdad.

—¿Hay algo que no le haya preguntado?

—Sólo me falta dar la fecha de nacimiento.

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