En el mes de junio, luego de 27 años de vacío legal (la primera propuesta legislativa sobre fertilización asistida ingresó al Parlamento en el año 1985), la Cámara de Diputados aprobó con 169 votos a favor y 7 abstenciones, la media sanción a un proyecto de Ley con el objeto de “garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida” [1]. En esa oportunidad, la titular de la comisión de Salud, la oficialista María Elena Chieno, consideró que el proyecto “repara una deuda social” y se encuadra en “un país que aseguró el acceso a derechos sociales progresistas” con una “mirada inclusiva, equitativa y responsable, que no deja afuera ningún sector” y garantiza el “acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales” de reproducción asistida.
Si bien el texto aprobado reúne consideraciones de proyectos impulsados por legisladores de diferentes bloques, ha omitido tratar varias cuestiones, especialmente las referidas a las especificaciones técnicas, parte de las cuales se encuentran contempladas en el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial.
