El juez federal Luis Rodríguez ordenó la detención de Atanasio Pérez Osuna, intendente de Río Turbio y ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La misma decisión pesó sobre uno de los ex gerentes de la empresa minera de Santa Cruz, Miguel Ángel Larregina y del diputado provincial del FpV Matías Mazú, previo desafuero.
La medida fue dispuesta a raíz de una denuncia del interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien observó una maniobra defraudatoria en 2017, al apuntar contra Romina Mercado como apoderada de la empresa (Fainser SA). La sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo al expediente, habría recibido un total de 50 millones de pesos en tres pagos (el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, último día de la gestión K). Se trató de un contrato por una obra de siete kilómetros que nunca se terminó y se cobró por cifras millonarias.
El fiscal Carlos Stornelli había pedido esta medida a fines de febrero, al argumentar que este grupo de funcionarios defraudó al Estado al "conformar y materializar un sistema ilícito de contrataciones". En la investigación, se detalla que tercerizaron todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN. La obra debía realizar la readecuación de la llamada "Avenida YCF (antiguamente Yacimientos Carboníferos Fiscales)", camino que va desde la rotonda de ingreso de Río Turbio hasta la localidad de 28 de Noviembre. Fue en esta causa que el magistrado ordenó las detenciones de Pérez Osuna y Larregina.
El presupuesto fijado por el exministerio de Planificación, conducido por Julio De Vido fue de 494.235.000 pesos. En la denuncia, Zeidán señaló que pocos días antes del recambio del Gobierno nacional, en diciembre de 2015, Fainser SA recibió 50 millones de pesos por parte de YCRT a través de un convenio con el municipio y fondos nacionales para la readecuación de la avenida.
Después de los tres primeros pagos hechos a Fainser, las nuevas autoridades de YCRT suspendieron los desembolsos. Así y todo, Fainser SA envió una carta documento a las autoridades locales, ya que la obra se hacía en convenio con el municipio e YCRT, reclamando un anticipo de más de 25 millones de pesos. Ese monto nunca se pagó, y ahora investiga la justicia.
