La Cámara Federal ordenó hoy reabrir la causa contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por el presunto nombramiento irregular de fiscales. La Sala I del tribunal revocó la decisión del juez federal Sebastián Casanello de archivar la denuncia contra Gils Carbó y dispuso que se reanude la causa.
Casanello había archivado la denuncia pese a que el fiscal federal Guillermo Marijuan había impulsado una investigación, en la que a Gils Carbó se le cuestionaba el nombramiento irregular de varios subrogantes o ad hoc.
El más cuestionado es el de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de que en una primera intervención en la causa por lavado de dinero decidió no imputar al empresario Lázaro Báez.
Al mantener la apelación de Marijuan, el fiscal de Cámara Germán Moldes consideró que se debían llevar a cabo una investigación y criticó que Casanello la haya archivado sin antes practicar ninguna medida.
La Corte entre en escena. A todo esto, la Corte Suprema analiza la posibilidad de pronunciarse sobre la validez de las designaciones de los fiscales subrogantes designados por la procuradora general cuestionados porque "no fueron ungidos por los mecanismos previstos por la Constitución Nacional".
El máximo tribunal tiene en su poder un expediente promovido por el empresario Antonio Conrado De Martino, quien desde hace varios años viene reclamando en distintas instancias por una causa comercial conocida en los tribunales como “Automotores Saavedra”.
En esa causa, el 13 de marzo pasado la procuradora adjunta subrogante Alejandra Cordone Rosello emitió un dictamen que fue objetado por Martino porque, según afirmó, no se trata de una fiscal constitucional, sino de una designada sin respetar los mecanismos constitucionales y, consecuentemente, ilegal.
