La Cámara de Diputados de la Nación aprobó pasadas las 16 un proyecto de resolución para que se reforme el presupuesto 2010, en el que se obliga al Poder Ejecutivo a elaborar un presupuesto complementario, al considerar que es un paso necesario antes de desarrollar cualquier tipo de debate sobre el uso de reservas del Banco Central para el pago de la Deuda Externa.
Claudio Lozano, de Proyecto Sur, justificó el pedido para que el Poder Ejecutivo amplíe el presupuesto nacional diciendo que "para que cualquier debate serio sobre qué hacer con las reservas, el debate previo, el debate primero es la revisión del presupuesto 2010".
Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, del kirchnerismo, confrontó las cifras que para Lozano avalan la medida y se preguntó si en un "marco de previsibilidad, ¿cada dos meses vamos a pedir un cambio de presupuesto?".
"Opinar podemos opinar todos, la diferencia es que tenemos responsabilidad y esa responsabilidad no la vamos a traducir con números que no sabemos de donde se sacan", alertó Marconato y apuntó además a sus pares opositores que "la autorización de financiamiento está en el presupuesto, lo que estamos haciendo es poner una fuente de financiamiento más barata".
Agustín Rossi, titular del bloque oficialista, también cargó contra la oposición a la que culpó de desperdigar noticias mala sobre el rumbo económico del país. Más allá de su arenga, el kirchnerismo -sin Néstor Kirchner en su banca- no pudo imponerse y perdió la votación. De aprobarse en el Senado, el Ejecutivo deberá remitir un Presupuesto complementario al Congreso, para su discusión.
Reformar los DNU. Ahora, los parlamentarios debaten en torno al proyecto para modificar la ley 26.122, de Régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, para acotarle al Poder Ejecutivo la potestad de usarlos para "saltearse al Congreso". La línea fuerza del proyecto marca que para que un DNU entre en vigencia es necesario que sea ratificado por Diputados y Senadores.
La actual norma marca que rige a partir de su publicación; el Congreso puede rechazarlo y, entonces, queda sin efecto.
