El juez federal Julián Ercolini le negó a Cristóbal López la posibilidad de vender las acciones del Grupo Indalo al fondo inversor OP Invesments, representado por el financista Ignacio Rosner. El magistrado consideró, en base a un informe de la AFIP y a la opinión de los veedores, que hasta ahora los empresarios que quieren comprarle a López no demostraron garantías que avalen la inversión que prometieron. Ercolini manifestó que, además, no está claro que la inhibición general de los bienes de Indalo dictada por él haya ocasionado un daño al patrimonio del Grupo ni que la transferencia de las acciones sea una solución a la crisis que atraviesan esas compañías.
López y su socio, Fabián de Sousa, se corrieron de la administración de Indalo y designaron en sus lugares a Rosner y su equipo. OP Invesments asegura que Cristóbal López ya no tiene ninguna incidencia en el Grupo. Y que si la Justicia aprueba la venta, el fondo inversor traerá US$ 300 millones de la mano de una petrolera rusa para recuperar las empresas y pagar la deuda de más de diez mil millones de pesos que tiene con la AFIP.
Pero ni los nuevos inversores ni López logran convencer a la Justicia y al fisco de que esa recuperación será real ni de la solvencia de los potenciales dueños que encabeza Rosner. Según la opinión de la fiscalía, que fue tomada por Ercolini, no está demostrado “quiénes están detrás de OP Investments, ni su credibilidad ni solvencia”.
Fuentes de la AFIP dijeron a PERFIL que la prometida inversión de la rusa Lukoil sólo es “una carta de intención” que no fue acompañada por ninguna garantía. Rosner dijo ante la Justicia que si no se puede avanzar con la transferencia de las acciones, Indalo corre riesgos y puede ir a la quiebra. Para Ercolini eso no es así. De todos modos, pidió a la AFIP que termine de elaborar un informe en base a los libros de las empresas de López para establecer si se puede levantar la inhibición de bienes sin comprometer el pago de la deuda con el fisco.
Por ahora, el juez piensa que esta eventual compra es otra maniobra tendiente a “insolventar” las empresas de Indalo. Cristóbal López y De Sousa están siendo investigados en Comodoro Py por una maniobra “fraudulenta” que perjudicó al Estado en más de $ 10 mil millones. La operación se consumó, según la hipótesis judicial, en base a la retención del impuesto a los combustibles que, con una de sus empresas, López hacía cada vez que los consumidores cargaban nafta en sus estaciones de servicio. Esos fondos que retuvo, López los usó para financiar otras empresas. Para la Justicia no fue un delito tributario (evasión) sino penal y federal, porque hubo “complicidades” del Estado para que se ejecutara la maniobra.
Ayer, Indalo sumó otra mala noticia. El abogado Gonzalo Espinoza Paz demandó a Ideas del Sur por más de $ 100 millones por el incumplimiento del pago de los retiros voluntarios. También realizó un reclamo por la falta de pago de aportes.
