Faltar a un pacto de caballeros tiene sus consecuencias. El juez federal Norberto Oyarbide le había prometido al recién asumido gobierno de Mauricio Macri que daría un paso al costado y se jubilaría a principios de este año. Pero se arrepintió. La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. El macrismo junto con sus aliados sentará al magistrado más polémico del país por primera vez en el banquillo de los acusados del Consejo de la Magistratura, el organismo que puede enviar a los jueces a juicio político.
La carta utilizada parece una advertencia más que un avance concreto. No es el caso más fuerte contra el juez, pero es la elegida para proceder. El 19 de diciembre de 2013, Oyarbide levantó un allanamiento que él mismo había ordenado a una financiera. Suspendió el procedimiento luego de recibir un llamado de Carlos Liuzzi, entonces número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. PERFIL accedió a la nota de puño y letra que el juez escribió luego de recibir el llamado del funcionario diciendo que la Policía Federal estaba intentando coimear al dueño de la financiera –y amigo de Liuzzi– para evitar el allanamiento.
La nota demuestra que Oyarbide levantó el procedimiento sin siquiera enviar a personal de su juzgado a corroborar los dichos de Liuzzi, investigar el pedido de coima y decidir si seguía adelante con el allanamiento en la empresa que su juzgado investigaba. Suspendió todo por teléfono. “Ante los graves hechos de corrupción denunciados ante Su Señoría sobre los procedimientos practicados en el día de la fecha, suspéndanse los mismos”. El caso levantó las sospechas sobre el supuesto armado de causa por parte de su juzgado y un sector de la Federal contra financieras.
En diciembre, el mensajero de Macri había sido Daniel “Tano” Angelici, presidente de Boca Juniors y operador del macrismo con un sector de la Justicia. Es, además, amigo de Oyarbide. La advertencia era clara: el nuevo gobierno no quiere a Oyarbide como juez, pero para ahorrarse mutuamente la molestia de un juicio político y destitución, Angelici ofreció la salida de la jubilación. Así lo reveló el propio magistrado a varios de sus colegas y empleados del juzgado federal. El juez aceptó la oferta del macrismo y difundió en una entrevista radial que entre marzo y abril dejaría su cargo.
Pero en enero se arrepintió, como ya reveló PERFIL. Se lo hizo saber al Gobierno y a sus colegas. “Estamos interesados en escuchar el descargo del juez Oyarbide”, se limitó a decir el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, ante la consulta de PERFIL sobre el vuelco del destino de Oyarbide. Lo cierto es que el Gobierno no es un actor secundario en la movida.
Fue el macrismo el que posibilitó esta semana lo que ningún sector político –incluido el PRO– logró en doce años de kirchnerismo.
Oyarbide ya atravesó un juicio político del que salió absuelto el 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo miraba el atentado a las Torres Gemelas. Desde entonces fue numerosamente denunciado, pero el kirchnerismo, al que favoreció en causas sensibles, lo protegió. Una de las denuncias fue por avanzar contra Macri en la causa de las escuchas ilegales.
El jueves, por unanimidad, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo aprobó citar al magistrado a indagatoria para que se defienda por haber frenado el allanamiento a pedido de un funcionario político. Una vez notificado, tendrá diez días para preparar su defensa. Puede hacerla por escrito.
