Entre los empresarios que mejor entienden los engranajes del poder, se repite una cuestionable maniobra. A la hora de competir por una contratación del Estado, e incluso antes de que se lance una licitación –por la cual el Gobierno contrata a sus proveedores–, los directivos preacuerdan que todos tendrán una tajada del negocio, gane quien gane. Y lo que sigue podría ser uno de esos casos.
A principios de agosto, la Secretaría General de la Presidencia lanzó una “contratación urgente” para alquilar un avión privado para Cristina Fernández, mientras el Tango 01 entraba en los talleres para que se realizara un mantenimiento de rutina.
Finalmente, el jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Administrativa 1020, firmada por Abal Medina y Florencio Randazzo –jefe de Gabinete y ministro del Interior y Transporte respectivamente– en la cual resultó beneficiada la empresa Milenium Air para transportar a la Presidenta y su comitiva en los próximos meses.
Allí se dejó de lado la oferta de Royal Air SA por “no ajustarse técnicamente” a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones particulares.
