Minutos después de conocerse el pedido de llamado a indagatoria de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado donde acusó al oficialismo de montar una operación que “apunta a distraer la atención pública sobre las causas judiciales que conmueven al gobierno”.
Con la firma de los abogados de los accionistas, Clarín apuntó de lleno al “nombramiento irregular” del fiscal Leonel Gómez Barbella.
“Todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa”, comenzaron.
Para el multimedio, la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de Papel Prensa consta de “un expediente en el cual todo lo acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla”.
“En efecto, la decisión de imponer arbitrariamente a Gómez Barbella se inserta en la disconformidad del gobierno con la evolución de la causa”, afirmaron. “Se intenta reeditar una causa ya juzgada en democracia, en la cual la compra de la empresa por parte de los diarios no mereció objeción alguna”, siguieron.
En uno de los párrafos más encendidos del comunicado, los letrados apuntaron: “El organizador de la denuncia fue el exsecretario Guillermo Moreno, quien actualmente se encuentra imputado en una causa penal por la recolección irregular de supuesto material para este caso, al pasar por alto la intervención del Poder Judicial”.
Por último, el Grupo Clarín se volcó de lleno al contenido de la causa y enumeró distintos datos para dar fe de que las negociaciones que mantuvieron en 1976 para comprar Papel Prensa se desenvolvieron con las reglas del mercado. “No existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad”, conclueron.
“Persecución”. Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un informe en el que alertaba sobre la reactivación de la causa de Papel Prensa. “En los últimos días, se verificaron acciones que vuelven a mostrar indicios de persecución penal contra editores periodísticos críticos aparentemente vinculada con la cobertura del caso Nisman. El gobierno reavivó su vieja acusación contra directivos de esos diarios por delitos de lesa humanidad en la adquisición de la empresa Papel Prensa, cuestión que ya había sido juzgada en democracia sin hallarse delito alguno”, sostenía el texto.
“En este contexto, en las últimas semanas se verificaron presiones al juez de la causa tanto en discursos presidenciales como cables de la agencia oficial de noticias, sugiriendo directamente la realización de una indagatoria a los editores. En la misma línea, a fin de año, a instancias de la Procuradora General de la Nación (alineada con el Poder Ejecutivo), se apartó sorpresivamente al fiscal que venía entendiendo en la causa y se nombró, en un trámite cuestionado, a un fiscal subrogante de una agrupación cercana al Gobierno”, completaba el informe.
