Peligra, otra vez, la extradición de Cavallo al país

Un colectivo de particulares españoles presentó hoy un recurso ante la corte española con el que intenta frenar la extradición a la Argentina del represor Ricardo Cavallo, aprobada ya por el gobierno español y la Audiencia Nacional.

Cavallo, alias "Sérpico", se encuentra en espera de la extradición tras pasar casi cinco años en prisión provisional en España, después de ser extraditado desde México.

Aquella extradición se produjo después de que el juez Baltasar Garzón lo procesase por su actividad en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde presuntamente secuestró y torturó a 337 opositores a la dictadura militar argentina (1976- 1983). De ellos, 227 desaparecieron.

El colectivo de particulares quiere que el represor sea juzgado en España, donde en virtud del principio de justicia universal y por el hecho de que durante la dictadura argentina fueron asesinados ciudadanos españoles o descendientes de éstos, se lo acusa de delitos de lesa humanidad y genocidio por los que se enfrentaba a 30 años de prisión, el periodo máximo que permite la ley española.

En caso de que la Audiencia Nacional española rechace su recurso, el colectivo está decidido a acudir al Tribunal Supremo, según manifestaron hoy sus portavoces. Además, sus abogados pedirán al Consejo de Ministros que paralice los trámites de extradición.

Las autoridades argentinas "nunca han demostrado ningún interés" en juzgar a Cavallo, aseguró hoy el abogado José Luis Galán, y recordó que la causa en el país está muy atrasada respecto a España, donde sólo haría falta poner fecha para el inicio del juicio.

En Argentina, además, Cavallo sería juzgado por delitos "concretos", de tormentos y privación de libertad, distintos al de genocidio y terrorismo de los que se lo acusa en España.

El tira y afloja en torno a juzgar Cavallo en España o en Argentina viene ya desde hace varios años. En diciembre de 2006, la Audiencia Nacional se pronunció en contra de juzgarlo en España para dar prioridad a la justicia argentina, que había solicitado su extradición.

No obstante, en julio de 2007, el Tribunal Supremo español notificó la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarlo.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó finalmente su extradición el 29 de febrero y el 14 de marzo, la Audiencia Nacional acordó archivar y sobreseer la causa abierta contra él.