Los secretarios privados de la Presidencia -que aumentaron su patrimonio en hasta un 11.000 por ciento en forma injustificable- están cada vez más complicados en la justicia. Tras haber sido acusados de enriquecimiento ilícito, el abogado que los denunció pidió que se inhiban sus bienes.
Enrique Piragini, el abogado que denunció a los secretarios de Cristina Fernández de Kirchner a raíz de una investigación de la revista Noticias, se presentó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py para pedir la inhibición de los bienes de los sospechados. Se trata de los funcionarios Fabián Gutiérrez, Héctor Daniel Muñoz, Isidro Bounine y Daniel Alvarez.
En su pedido al juez Claudio Bonadío, el abogado argumentó que los secretarios "podrían proceder a la enajenación de sus bienes, colocándose en situación de insolvencia, burlando una eventual sanción". Pirigani sostuvo también que "es indudable que los denunciados tienen los suficientes contactos como para amañar sus descaradas declaraciones juradas, como lo habría hecho el matrimonio presidencial", según informó el diario Clarín.
El fiscal Guillermo Marijuán imputó a los cuatro secretarios y reclamó medidas para analizar si se enriquecieron ilícitamente. Los secretarios imputados cumplieron (y cumplen) funciones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sus sueldos no superan los 15.000 pesos mensuales, pero poseen fortunas difíciles de explicar.
Un caso emblemático es el de Fabián Gutiérrez, quien está construyendo una fastuosa casa de 300.000 dólares en El Calafate. Otro cuestionado es Isidro Bounine, que llegó al Gobierno en 2005 con un patrimonio de 15.000 pesos y hoy ostenta una fortuna de 830.000, lo que implica un incremento del 5.435 por ciento. Bounine hoy acompaña a Cristina en su gira por Brasil.
El Hotel de los K: En la misma presentación, Piragini apuntó al polémico hotel Los Sauces de El Calafate, construído por el matrimonio Kirchner, quienes se lo alquilan al empresario Juan Carlos Relats.
El 9 de junio de 2008, Cristina firmó un decreto que beneficiaba al dueño de Rutas del Litoral en 32 millones de dólares. Algunos abogados constitucionalistas sostuvieron que ese acto violaba la ley de ética pública, por la relación comercial que une a Relats con los Kirchner.
Por eso, Piragini pidió que se investigue si la Presidente cometió los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, o violación de los deberes de funcionario público, según Clarín.
