El fiscal federal Carlos Rívolo pidió procesar a los hijos del piquetero Luis D’Elía por ser empleados de la Anses sin tener el secundario completo, así como a dos responsables de su contratación. Pero además reclamó llamar a indagatoria al ex ministro de Trabajo, el legislador porteño Carlos Tomada, y al ex titular de la Anses y hoy diputado Diego Bossio, porque los ex funcionarios kirchneristas fueron los que aprobaron las designaciones. Como el fiscal sospecha que el caso de los hijos de D’Elía no es el único, le pidió a la jueza María Servini que cite a la actual directora general de Recursos Humanos de la Anses para que informe si “se han detectado otros casos de agentes que hubieran ingresado” al organismo “sin cumplir los requisitos reglamentarios mínimos de idoneidad para el ingreso previsto expresamente en el Convenio Colectivo de Trabajo”, según se desprende del dictamen al que accedió PERFIL y que fue presentado el jueves pasado ante Servini.
La causa se abrió en 2014 por la denuncia de la entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero los detalles se conocieron el año pasado en el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos. La mira fue puesta sobre Facundo, Pablo y Luis Ignacio D’Elía. Según se relató, Facundo fue contratado en marzo de 2008 y tenía un sueldo de casi $ 63 mil; Pablo, dos años mayor, ingresó un mes después y cobraba unos $ 44 mil; y Luis (24) percibía unos $ 30 mil. La única que no fue imputada fue Aime D’Elía, contratada en la Unidad de Atención Integral (UDAI) en Virrey del Pino.
La reacción: Facundo fue echado de la sede fueguina de Tolhuin. “Me echan porque soy el hijo de Luis D’Elía”, dijo el joven. Su padre disparó contra el presidente Mauricio Macri. Lo trató de “basura” y “sorete” y escribió: “En Anses hay 3.000 trabajadores sin título secundario. El único despedido: Facundo D’Elía”.
En noviembre hubo indagatorias para los jóvenes y para los funcionarios Julio César Casavelos y Paulina Torres, quienes representaban a Anses cuando se los contrató. Como nunca se resolvió la situación, Rívolo reclamó procesarlos porque el Convenio Colectivo 305/98 es claro a la hora de pedir el título secundario. “No tenían el título, continuaron prestando servicio durante largo tiempo y llegaron incluso a ocupar cargos de jerarquía –dijo el fiscal en su escrito–. Aceptaron ingresar a la Anses a sabiendas de que no contaban con los requisitos específicos de idoneidad”. Y dado que sus designaciones fueron firmadas por Tomada y por Bossio, el fiscal pidió llamarlos a indagatoria como acusados.
