El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que el ex embajador argentino en Panamá Jorge Arguindegui declare como testigo en la causa en la que se investiga al empresario K Lázaro Báez.
El diplomático es un ex funcionario kirchnerista señalado como amigo de Fabián Rossi, el hombre acusado de armar las sociedades offshore en Panamá, junto con Federico Elaskar.
Marijuán lo pidió al juez federal Sebastián Casanello, junto con casi cien medidas de prueba, que incluyeron los allanamientos a las chacras de Báez en Santa Cruz y a sus cajas de seguridad en el banco de esa provincia. El fiscal también pidió que declare como testigo el empresario de medios Matías Garfunkel, para que explique en qué circunstancias alquiló sus aviones privados a Leonardo Fariña, financista de Báez.
Arguindegui es un ex diplomático y ex militar de 60 años, es hijo del conocido general homónimo, comandante del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Antes de ser diplomático, privatizó empresas durante el menemismo y fue asesor del ex vicepresidente Carlos Ruckauf. Se insertó más tarde en el gobierno K y hoy se desempeña como CEO de la empresa Arnie Group, en Panamá. Allí, ofició como embajador K hasta julio de 2011.
Hay un dato llamativo. La fecha de su salida de la embajada coincide con la fecha en que Elaskar se ve obligado a vender su financiera SGI, supuestamente por presiones de Báez, quien lo acusaba de robarle millones de pesos que "invirtió" en su financiera.
Según pudo averiguar PERFIL en abril, Arguindegui fue desplazado como embajador por un motivo insólito: organizó la presentación de un libro del periodista Andrés Oppenheimer –crítico del gobierno argentino– en ese país centroamericano. Pero ahora se revela que la fecha coincide con la salida de Elaskar de SGI. Esa fecha es julio de 2011, según consta en la causa que instruye el fiscal José María Campagnoli para determinar si Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, extorsionaron o no a Elaskar para quedarse con su empresa.
La coincidencia no es menor. Arguindegui es amigo de Fabián Rossi, quien habría armado las sociedades offshore de Lázaro Báez en Panamá. El intermediario de esas operaciones era Elaskar, según contó el propio financista.
En tanto, los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido enviaron esta semana una ampliación de su denuncia a Suiza para que la Justicia de ese país avance con la vinculación entre la nueva dueña de SGI, la suiza Helvetic Group, el empresario K y “las sociedades Eyden Group y Aldyne, que extienden sus operaciones entre la República Argentina, Estados Unidos, Suiza y las Islas Seychelles, todo con el objeto imaginado de ocultar activos provenientes de actividades ilícitas”.
El fiscal Campagnoli solicitó el embargo de las acciones y la inhibición de bienes de Helvetic y de las demás sociedades mencionadas en la denuncia de Ocaña y Garrido.
Buscan las llamadas de Triviño. El fiscal federal Guillermo Marijuán también pidió al juez Sebastián Casanello que reúna los registros de llamadas entrantes y salientes del celular de Sergio Triviño, el empleado de Lázaro Báez que habría participado del desmantelamiento de una bóveda en la chacra del empresario. Las llamadas que interesan a la fiscal comprenden el período entre el 14 de abril y fines de mayo. Durante esos días, Marijuán sospecha que se desmanteló una estructura en el sótano de la casa de Báez, donde se habrían guardado armas, documentación y dinero.
Triviño declaró esta semana en una causa paralela en Santa Cruz y dijo a la Justicia que es empleado de Austral Construcciones, la empresa de Báez, pero que nunca ingresó a ninguna chacra o inmueble del empresario.
Triviño despegó a su patrón de la denuncia que incluye unas 200 fotos que retratan el supuesto desmantelamiento y dijo que a Báez lo vio dos veces: en un asado de la compañía y cuando el empresario visitó una obra en la que él trabajaba.
