El Poder Judicial de Jujuy comenzó este jueves a analizar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Milagro Sala, que reclama la modificación de las condiciones de detención de la dirigente social.
El Superior Tribunal de Justicia de esa provincia informó mediante un comunicado que el jueves recibió la resolución 23/2017 de la CIDH, que recomienda otorgar "arresto domiciliario" o libertad con fiscalización electrónica a la jefa de la Tupac Amaru, presa en la provincia desde enero de 2016.
Asimismo, precisó que el dictamen de la CIDH sobre el caso Sala fue remitido por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por el Poder Ejecutivo provincial a la presidenta del máximo tribunal jujeño, Clara Aurora De Langhe de Falcone.
El máximo tribunal informó que también recibió el decreto 4448 del Poder Ejecutivo provincial, en el que pone en conocimiento del Poder Judicial la resolución del grupo de trabajo de la ONU y solicita que "se consideren los requerimientos establecidos en la misma". El escrito, que lleva la fecha del 2 de agosto, lleva las firmas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Agustín Perassi.
El Superior Tribunal de Justicia detalló que en el decreto del Ejecutivo provincial se recuerda que Argentina "es estado miembro de la Organización de los Estados Americanos" y que "la Convención sobre Derechos Humanos posee jerarquía constitucional". Y acotaron: "El Gobierno de la Provincia de Jujuy tiene la vocación de acompañar con firme convicción todas las acciones y procesos nacionales e internacionales tendientes al respeto de los derechos humanos en plena dimensión jurídica, social y económica".
El gobierno provincial ratificó en el decreto que "de ninguna manera reconoce" las situaciones de "gravedad o urgencia o riesgos de daños irreparables a la vida e integridad" de Sala en las actuales condiciones de detención, en las que fundamentó su resolución la CIDH.
"Con respeto irrestricto al sistema republicano de división de poderes, y siendo competencia exclusiva del Poder Judicial los procesos penales como integridad, en especial, lo referente a derechos de las personas privadas de libertad, se pone en conocimiento del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy la Resolución Nº 23/2017, para que, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, se consideren los requerimientos concretados", subrayó.
En la resolución difundida días atrás, la CIDH fundamentó su recomendación de otorgar arresto domiciliario a Sala en la existencia de "una serie de particularidades que rodean" su privación de la libertad y advirtió que identificó "múltiples factores de riesgo", que incluyen amenaza de muerte y agresiones en su contra.
El organismo sostuvo en su dictamen que "verificó la continuidad de la privación de la libertad" de la dirigente social, pese al pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que calificó la detención como "arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, llamando a su liberación inmediata".
La CIDH concluyó que la jefa de la organización Tupac Amaru, presa en el penal jujeño de mujeres de Alto Comedero, se encuentra "en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable".
La noche del miércoles, el gobernador Gerardo Morales se manifestó en su perfil de Twitter cuestionó la resolución al asegurar: "La CIDH se convirtió en una facción de burócratas que viven en Washington y no conocen Jujuy. La resolución es una proclama política".
