Una fuerte polémica se desarrolla ante la iniciativa gubernamental de traspasar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) hacia la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.
La institución, que certifica la identidad de los nietos recuperados de su apropiación bajo la última dictadura militar, se encuentra en un proceso de traspaso hacia un nuevo régimen y una nueva sede.
Este novedoso estado de las cosas del BNDG provocó la oposición de varios organismos de derechos humanos y hasta una demanda judicial que plantea la inconstitucionalidad del traspaso.
Entre los patrocinadores de la acción ante la Justicia se encuentran históricas abuelas de Plaza de Mayo, como Chicha Mariani (ver aparte) y Elsa Pavón, entre otros, lo que implica un nuevo alejamiento de miembros destacados de la lucha por los derechos humanos del Gobierno.
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia –que se reclama independiente del Estado– realizó un abrazo a la sede del Banco, situada en el hospital Durand, como protesta.
Las principales objeciones giran en torno al traspaso al Ejecutivo nacional en la forma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que podría incidir en una pérdida de independencia, en la restricción de los estudios del BNDG sólo a los casos ocurridos durante la última dictadura y a la probable pérdida del actual y prestigioso staff de científicos que lo integran.
“La limitación del campo de acción del BNGD hasta 1983 es inconstitucional ya que las leyes deben ser progresivas, no regresivas, y esto es una norma universal de derechos humanos, además de ser un derecho amparado por la carta magna –dice Diego Aysine, abogado patrocinante de la demanda–. También interpusimos una medida cautelar para interrumpir el traspaso para mantener la integridad de las muestras genéticas que podrían afectarse al desvirtuarse el objetivo del Banco”.
María Belén Rodríguez Cardoso, actual directora del BNDG, se opone a la medida: “Que el Banco estuviera en una línea de flotación entre el gobierno nacional y el de la ciudad le otorgaba un marco de imparcialidad y trasparencia al no pertenecer al Ejecutivo nacional como tal. Es más, yo creo que debería funcionar en la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, el 88% del actual plantel del Banco se niega a pasar a la órbita de la Nación, en algunos casos como rechazo a la medida y en otros porque perderían la categoría y beneficios laborales acumulados. La ley señala que se abrirá un concurso para el cargo de director del Banco, pero no voy a presentarme. No quiero dirigir un organismo que no sea independiente”.
Marcela Gudiño, hermana de un detenido-desaparecido y en búsqueda de su sobrino secuestrado, señala sus objeciones: “El traspaso podría dar lugar a que en los juicios a los militares de la dictadura se objete que la cadena de seguridad de las pruebas se haya perdido. La restricción de las muestras hasta 1983 impide que otros ciudadanos puedan buscar su identidad. Yo busco a mi hermano, pero no soy más que otro ciudadano que busque su identidad y que debería pagar altas sumas si tuviera que recurrir a laboratorios privados. El banco no serviría para analizar los datos genéticos de Luciano Arruga o Julio López”.
“Durante estos años el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos fue excelente. El objetivo del traspaso es que tenga mejores condiciones de funcionamiento –indica Héctor Targovnik, uno de los coordinadores del traspaso–. La intención es mantener a todo el personal y hemos empezado a hacer entrevistas en función de esto”
—Autoridades actuales del BNDG dicen que la mayoría no estaría dispuesta a traspasarse, ¿ya se pasó alguno de los científicos?
—Estamos en una primera etapa para lograr esto. Es una prioridad el traslado de los 34 miembros del personal a la nueva sede. La ley indica que debe ser en las mismas condiciones.
—Se objeta la limitación de los casos hasta 1983.
—Estamos estudiando una solución al tema, que podría ser otro laboratorio para los casos que no son de lesa humanidad. Está en etapa de análisis.
La Justicia deberá expedirse sobre esta polémica abierta.
