Luego de que PERFIL revelara que la Corte Suprema demora la entrega de las declaraciones juradas de sus miembros, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) envió un comunicado intentando despegarse del artículo. La Corte incluso reenvió ese texto a este diario casi al mismo momento en que lo hizo la ACIJ.
El título del artículo, “La Corte se resiste a dar a conocer el patrimonio de los jueces, no se ajusta a los hechos narrados por la organización en la entrevista que mantuvo con sus redactores”, según la ACIJ.
La vocera de la ONG, Catalina Marino –quien estuvo presente en la reunión con PERFIL– dijo que “María Victoria Gama –la integrante de la asociación que fue entrevistada– explicó que hace pocos días se mantuvo una reunión con funcionarios administrativos de la Corte Suprema en la que se acordó precisar con mayor detalle el objeto y destino del pedido que se había realizado. Los funcionarios del Alto Tribunal que recibieron a integrantes de ACIJ manifestaron que, de esa manera, no habría inconvenientes en entregar los documentos públicos solicitados”.
Sin embargo, como publicó PERFIL, la representante de la ACIJ habló del proceso “engorroso y lento” que le insumió intentar conseguir las declaraciones juradas de los jueces, fiscales y miembros de la Corte. Contó que tras varios meses –los primeros pedidos fueron en octubre y todavía no se entregaron las declaraciones juradas de los jueces de la Corte– sólo habían recibido dilaciones, propias del sistema burocrático que se implementa en estos casos. Para la ACIJ la conclusión que sacó este diario en la nota “no coincide con lo expresado en la entrevista ni refleja una posición de esta organización sobre el trámite en cuestión. Dado que en la reunión mantenida en el Alto Tribunal hace pocos días se requirió a ACIJ una ampliación de la solicitud, que se encuentra en preparación, mal podríamos estar realizando en este momento una manifestación o reclamo público de esa característica”.
Lo que se comunicó a PERFIL fue distinto: dijeron que habían sido citados por la Corte para explicar personalmente ante sus autoridades qué uso iban a darle a las declaraciones juradas de sus magistrados. Y que sólo después de esa reunión explicativa –algo que la ley no exige– iban a aprobar el envío de las declaraciones juradas.Este diario interpreta esa accionar como una dilación.
