Hoy la Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento de los seis oficiales de la Policía Federal, entre ellos tres comisarios, acusados de liberar la zona de Barracas en la que en octubre del año pasado fue asesinado el militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra.
La Sala I de la Cámara del Crimen también procesó al oficial que estaba a cargo de la filmación del operativo, quien había sido sobreseído en primera instancia, ya que no registró parte del ataque.
Además, el tribunal confirmó que la causa queda en poder de la jueza de instrucción de la Nación Susana Wilma López, ya que rechazó el pedido de las defensas para que pase a la Justicia de la Ciudad.
La ratificación de los procesamientos fue para Hugo Lompizano, ex comisario y ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal; Jorge Raúl Ferreyra, ex comisario de la División Roca de la Policía y quien estuvo a cargo del operativo; Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30, y el comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas.
La causa es un desprendimiento de la investigación central por el crimen en la que están detenidas 10 personas, entre ellas el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, quienes comenzarán a ser juzgadas el próximo 22 de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de esta capital.
Todos los policías quedaron acusados del delito de "abandono de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud", en el que está incluido el "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que tiene una pena de hasta 15 años de prisión.
En tanto, David Villalba, agente de la División Exteriores de Video de la Policía, fue procesado por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Los oficiales tuvieron a su cargo el operativo de seguridad en el que una patota de la Unión Ferroviaria mató de un balazo a Ferreyra e hirió a otras tres, pero, según la acusación, no evitaron la agresión sino que le franquearon el paso a los atacantes y no recogieron pruebas tras el hecho ni preservaron la escena del crimen.
La investigación arrojó que los policías no se comunicaron por los handies oficiales, en los que quedan grabadas las conversaciones, y que desde la Dirección General de Operaciones de la Policía, a cargo de Lompizano, "se dieron directivas que son contrarias al servicio que debían cumplir", entre ellas no utilizar esos aparatos de comunicación de la fuerza.
Lompizano fue pasado a disponibilidad por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por su actuación en el operativo, y con esta resolución los oficiales quedaron al borde del juicio oral.
La defensa de Lompizano había pedido que la causa pase a la Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires porque el delito de "abandono de persona" fue transferido a esos tribunales.
Pero la jueza López y el fiscal Fernando Fiszer habían rechazado el planteo porque la acusación contra los policías forma parte de la causa central donde se investiga un homicidio, delito más grave que el "abandono de persona".
