Amado Boudou recibió ayer tres noticias: dos malas y una incierta, aunque su defensa la leyó como algo bueno. La primera noticia es que seguirá preso. La segunda, es que fracasó el pedido para apartar al juez Ariel Lijo de las causas en su contra. La tercera novedad es la que abrió la esperanza del ex vicepresidente para que su encarcelamiento pueda convertirse en breve en una medida alternativa como una tobillera electrónica o una prisión domiciliaria. El problema, sin embargo, es que esa resolución depende del juez Lijo, quien hace tres semanas lo mandó a arrestar.
El magistrado mantiene la causa en secreto de sumario, lo que transforma en una incógnita las pruebas que aportó la semana pasada el arrepentido monotributista Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou- para buscar beneficiarse en el expediente donde está acusado.
A raíz de esa confesión, Lijo dispuso esta semana que Jorge Brito –el presidente de Banco Macro con licencia– y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray –ya imputado– declaren en indagatoria este lunes y martes, respectivamente. También les prohibió la salida del país. El fiscal Jorge Di Lello, que había arrancado una licencia hasta fin de mes, decidió interrumpir sus vacaciones para estar presente en esas declaraciones convencido de que el juzgado los hubiera citado a propósito en una fecha en la que él no iba a estar.
Hay más sospechosos citados, como el ex gobernador de Formosa Gildo Insfrán, que deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py el 4 de diciembre.
El ex vicepresidente sigue sus causas desde la prisión. El martes fue a Retiro a pedirle a la Cámara Federal que lo liberara y que apartara a Lijo por “direccionar la causa” en favor de algunos involucrados y en detrimento de otros. Su amigo, José María Núñez Carmona, preso junto con él desde el 3 de noviembre pasado, también pidió la libertad y le explicó a Lijo que nunca había lavado dinero.
Pero ayer los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero les negaron las excarcelaciones. En el fallo, los magistrados aseguraron que las causas por enriquecimiento ilícito, la ruta del dinero de Ciccone y el asesoramiento de The Old Fund a la provincia de Formosa tienen a Boudou “como un importante protagonista” y “proyectan motivos suficientes para restringir su libertad ambulatoria”.
No obstante, instaron a Lijo a que una vez superada “la urgencia aquí aludida” y el secreto de sumario “proceda a evaluar” una morigeracion de su encarcelamiento, en sintonía con lo que pidió la fiscalía. Según dijeron a PERFIL fuentes judiciales, las defensas de Boudou (Eduardo Durañona y Alejandro Bisbal) y de Núñez Carmona (Matías Molinero) creen que sus clientes podrían estar libres en diez días. No sería poco logro teniendo en cuenta que ningún detenido K ha corrido con esa suerte hasta ahora.
Sobre eso, llamó la atención el voto del juez Ballestero, a contrapelo de la jurisprudencia que inauguró su colega Martín Irurzun, llamando a encarcelar al imputado que puedan entorpecer causas de corrupción desde ámbitos de poder.
“La generalización indiscriminada de tal lógica –señaló en su resolución Ballestero– supondría ignorar cualquier singularidad, imponiendo el automático encarcelamiento del funcionario –tanto pretérito, como actual– por la mera imputación de un delito, con el caro precio de avasallar fronteras fundamentales del Estado de derecho”.
