La política previsional que está llevando adelante el gobierno nacional tiene fecha de vencimiento, no porqué esté atada a la suerte electoral del oficialismo sino porque se están dilapidando los fondos de los jubilados y porque se toman decisiones incorrectas que impiden alcanzar un equilibrio entre aportantes-beneficiarios.
Esto sucede porque en la actualidad el Gobierno Nacional utiliza el dinero de la ANSES, que es de los jubilados, para financiar el rojo del Tesoro Nacional y para proyectos que son ajenos a su órbita, como girar fondos para los Bancos, como lo hicieron con el Nuevo Banco del Chaco o a la compra de computadoras para los estudiantes o para el Fútbol para Todos, para citar algunos ejemplos. Esto lo hace el mismo gobierno que veta la Ley del 82% móvil.
Así, privilegiando usar el dinero de la ANSES para otros cometidos, ajenos a la agenda previsional, el Estado está descapitalizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones y Pensiones.
Por otro lado, todos sabemos que en los sistemas previsionales de reparto la relación entre activos-aportantes y pasivos-jubilados es la clave de la sustentabilidad del sistema. Esto quiere decir que si, por ejemplo, cada activo aporta el 20 por ciento de su sueldo y se pretende que el haber jubilatorio sea equivalente al 82 por ciento del salario, la lógica, da como cálculo que deben ser más de 4 los trabajadores que aporten para sostener a un jubilado. En ese sentido el problema se agrava porque son más de 3 millones los nuevos jubilados que, sin aportes, se sumaron al sistema a través de moratorias y de pensiones no contributivas en los últimos años. Esto significa que el 53 por ciento de los beneficios que se pagan en la actualidad tienen origen en estas situaciones, o sea que se pagan más beneficios sin aportes que con aportes. Como resultado de esto, en el año 2010 la relación aportantes-beneficiarios fue solo de 1,33. Y somos más pesimistas en creer que esto pueda nivelarse si tomamos en cuenta que el empleo creció particularmente en el llamado “trabajo en negro” o en el precario contrato laboral, aún en la órbita estatal. Lo que genera más activos sin aportes al sistema solidario.
Por todo esto es necesario construir otro sistema previsional y, para lograrlo, se impone una reforma que sustituya el régimen actual por un sistema previsional público de reparto asistido, compuesto por tres pilares basados en la creación de un ingreso ciudadano universal, incondicional y uniforme para todos los ciudadanos en edad de jubilarse, con o sin aportes suficientes y que debe ser financiado con partidas del Tesoro; también generando las condiciones que permitan que el componente, contributivo y público, sea para quienes aporten al sistema financiado por un mecanismo de reparto y, por último, creando un aporte de carácter voluntario para aquellos trabajadores que perciban remuneraciones más elevadas y quieran capitalizar los aportes suplementarios para incrementar el haber jubilatorio futuro.
Este nuevo sistema, basado en estos tres ejes, pero también poniendo a resguardo los fondos de la ANSES para el beneficio exclusivo de nuestros jubilados, debe tener una mirada que traspase las fronteras de un determinado gobierno porque una política previsional seria y sustentable solo se construye pensando en el futuro.
Sólo así podemos volver a hablar de solidaridad y de progresismo, cuando estemos convencidos de que actuamos hoy estamos pensando en la tranquilidad de mañana, que es justamente lo que no hace la actual política previsional que, con una notoria caracterización populista y mezquina, hace que los funcionarios tomen decisiones que solo persiguen afrontar el presente con fines electorales. No miran el mañana, porque después de todo, los futuros jubilados no serán un problema que ellos deban atender.
(*) Diputada Nacional (ARI-Coalición Cívica).
