El primer represor que se sentará en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar será el ex prefecto Héctor Febres.
El primer juicio oral por los delitos cometidos en la ESMA comenzará el 18 de octubre, cuando los integrantes del Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) comiencen a juzgar los secuestros de Carlos Lordkipanidse, Carlos García, Josefa Prada de Olivieri y Alfredo Margari, quienes pasaron por el centro clandestino de detención y torturas que funcionaba en ese edificio.
En la Sala de Audiencias donde se realizó el juicio por la "Causa AMIA" y el mismo recinto en el que el represor Julio "el turco Julián" Simón escuchó su condena a 25 años de prisión, los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado juzgarán a Febres.
De acuerdo con las normas procesales el debate comenzará con la lectura que hará el secretario Martín Schwab del "auto de elevación a juicio" por el cual el juez federal Sergio Torres envió al legajo para la sustanciación del debate.
Con el proceso a Febrés comenzará la ronda de juicios orales a represores que actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la ESMA, que tramita Torres, y en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército cuya instrucción lleva adelante el juez Daniel Rafecas.
Allegados a organismos de derechos humanos estimaron que todos los procesos -hay decenas de imputados con centenares de víctimas- podrían durar un par de años durante los cuales el TOF5 solamente se dedicará a esas actuaciones.
En el juicio contra Febres la acusación estará a cargo de la fiscal Mirna Goransky y de los querellantes entre los que se encuentra el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derehos Humanos, y patrocinante de los querellantes que pidieron el juicio político a miembros de la Cámara de Casación.
Los querellantes les imputan a los miembros del máximo tribunal en materia penal haber "cajoneado" las causas contra los represores; y la acusación ante el Consejo de la Magistratura está ahora en manos del consejero-juez Luis Cabral quien debe dictaminar si corresponde someterlos a juicio político.
Fuente: Télam