La Justicia de Santa Cruz procesó a dirigentes y activistas de la UOCRA que habían golpeado salvajemente a un grupo de docentes y estatales durante una protesta ocurrida el 12 de abril en Río Turbio, confirmaron hoy fuentes sindicales a la agencia DyN.
El procesamiento recayó sobre el ex delegado normalizador de UOCRA, Carlos García, y los delegados José Aguilar, Juan Domingo Martínez, Víctor Hugo Bulacio y Hugo Francisco Lima.
Los cinco fueron considerados por la jueza de Río Turbio Betina Bustos como co-autores "material y penalmente responsables del delito de coacción agravadas por el empleo de armas" y lesiones calificadas en 12 hechos.
La magistrada también procesó a Ricardo Rubén Socomba por el delito de coacciones agravadas por el empleo de armas, "lesiones leves calificadas por el concurso predeterminado de personas en doce hechos", "lesiones graves calificadas por el concurso predeterminado de personas" y, daño y amenazas hacia los manifestantes.
Bustos determinó el embargo sobre bienes de cada uno de los procesados por un monto de 30 mil pesos. La golpiza ocurrió el 12 de abril cuando docentes y empleados estatales de hospitales de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre se manifestaban en reclamo de mejoras salariales a la vera de la ruta.
Allí, los manifestantes esperaban el paso de una comitiva del gobierno para expresar sus reclamos ante el gobernador Daniel Peralta, quien viajaba a la ciudad para inaugurar obras.
Pero, un grupo de atacantes que se identificó con la UOCRA golpeó a docentes y enfermeros con palos, piedras y golpes de puño, según describieron los testigos del hecho, videos y fotografías que se tomaron ese día.
El secretario general de ADOSAC, Pedro Muñoz, manifestó su "satisfacción por la decisión" de la Justicia aunque criticó la demora del procesamiento, dado que se produjo siete meses después de la paliza.
El gremio docente cuestionó públicamente en más de una oportunidad a la dirigencia de la seccional Santa Cruz Sur del gremio de la UOCRA de ser "una patota sindical y paraestatal amparada por el gobierno provincial".
De hecho, activistas de ese sindicato participaron de golpizas al diputado provincial del radicalismo Omar Hallar, se enfrentaron con una marcha de estatales que protestaba contra la reforma previsional en diciembre de 2010 y, en octubre último, golpearon a trabajadores de una empresa que construye el interconectado hacia El Calafate.
