La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y el ex ministro de Energía Juan José Aranguren fueron procesados ayer por el juez federal Luis Rodríguez, en la causa “Shell”. Mientras que Aranguren fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Alonso lo fue por encubrimiento y abuso de autoridad. A ambos se le trabaron embargos: de 1,2 millones de pesos en el caso del ex ministro y de 1 millón para Alonso.
La causa se inició tras una denuncia de los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, en 2016. Allí se buscaba determinar si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en relación con las decisiones tomadas durante su gestión que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell, lo que supondría para él un beneficio económico al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC. En tanto que en el caso de Alonso, se denunciaba que, como titular de la OA, habría encubierto la conducta de Aranguren, cuando estaba obligada a investigarlo.
Tras más de tres años de investigación, ambos fueron citados a indagatoria el mes pasado.
El procesamiento de Aranguren es por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en dos oportunidades. En tanto que el de Alonso es por el delito de encubrimiento “para ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta, agravado por ser funcionaria pública, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad”.
En su resolución de 136 páginas, Rodríguez sostuvo que “el denominador común que poseen las conductas reprochadas a los imputados Aranguren y Alonso, radica en que las acciones de los mismos son impropias a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de anticorrupción”.
Tras eso, apuntó a la titular de la OA y aseguró que “lo paradójico de este expediente es que Laura Alonso se encuentra a cargo de la Oficina Anticorrupción, es decir, el organismo administrativo que debía controlar la actividad del entonces ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren”.
Luego agregó: “Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido”, que Aranguren, en su calidad de ministro de Energía, “se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación”. Y que “ello permite dar por acreditado el aspecto objetivo de la figura de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública en orden al incremento desmedido de la empresa Shell”.
En tanto, sobre las resoluciones tomadas en el caso por Alonso, Rodríguez consideró que “parecen estar más dictadas para calmar un clamor social en torno a una tenencia de acciones que no se encuentra prohibida por ley, que para disipar las cuestiones allí planteadas por los denunciantes en orden a los fines propios de esa oficina, esto es, la lucha contra la corrupción”.
Con estos procesamientos, se convierten en los dos nuevos funcionarios o ex funcionarios de Cambiemos en esta situación. Se sumaron a Luis María Blaquier, ex funcionario del actual oficialismo, procesado en octubre en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en el manejo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Alonso: apelación y lawfare
La titular de la Oficina Anticorrupción, la ultramacrista Laura Alonso, salió ayer a responder el procesamiento que el juez federal Luis Rodríguez dictó en su contra por supuesto encubrimiento y abuso de autoridad. Calificó la medida como algo “totalmente armado” con “intencionalidad política”, y se refirió a los que vienen por “la venganza y el lawfare”, el mismo término que usaron los procesados kirchneristas en los últimos meses para referirse a las causas en su contra. “Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta de quiénes vienen por la venganza y el lawfare”, escribió la titular de la OA en su cuenta de Twitter pocas horas después de conocida la medida judicial. Alonso debió presentarse la semana pasada por primera vez en los tribunales federales para prestar declaración indagatoria. En un escrito de más de 15 páginas, defendió el accionar de la oficina a su cargo en el caso Aranguren y, sobre todo, afirmó que el ex ministro de Energía no cometió ningún delito porque cuando asumió ya no era presidente de la filial argentina de la petrolera.
