Héctor Adrián Capaccioli, ex Superintendente de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, fue procesado este martes por "malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos" en la causa de la "mafia de los medicamentos".
La medida fue dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien responsabilizó a Capaccioli de haber otorgado unos 48 millones de pesos a 52 obras sociales para ser destinados a programas de prevención de las enfermedades, pero sin explicar el criterio utilizado para seleccionar a esos entes de salud. Y también le achacó haber gastado dinero de la "caja chica" de la Superintendencia de manera superflua, como un strapless, un lupa por 500 pesos y mates por 1.300 pesos que -según Capaccioli- eran regalos de cortesía protocolares.
Para la "malversación" que se le imputa a Capaccioli, el Código Penal contempla penas que van hasta los tres años de cárcel, aunque en una variante de esa figura podría llegar hasta los 10 años: es en el caso de que se comprobara que "sustrajo" esos fondos que tenía a su cargo para "administración, percepción o custodia".
En cuanto al otro cargo que se le imputa -"abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos"- la ley contempla una condena de un mes a dos años. Además, el juez Oyarbide le impuso un embargo de 500 mil pesos y también dispuso el procesamiento de tres de los funcionarios que acompañaron al ex recaudador "K" en la SSS. Se trata de Fernando José Scopinaro y Osvaldo Oscar Cochlar -subgerente y gerente de Gestión Estratégica de la SSS, respectivamente- y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos de ese organismo.
A Scopinaro también se le imputó haber viajado a España y a Grecia con su familia en travesías pagadas por un laboratorio a cambio de incluir medicamentos de esa empresa en el Plan Médico Obligatorio (PMO), y haberse desempeñado en la SSS mientras cobraba haberes como funcionario la ex Secretaría de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Además de manejar la SSS, Capaccioli -un dirigente de origen gremial, proveniente del sindicato de operadores de radio y trabajadores de las comunicaciones (AATRAC) que fue funcionario del gobierno porteño de Jorge Telerman y que respondía al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández- fue uno de los responsables de la recaudación de fondos para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
Precisamente, muchos de los fondos que engrosaron la campaña de Cristina vinieron del rubro farmacéutico e incluso uno de los detenidos más importantes por la "mafia de los medicamentos", el empresario Néstor Lorenzo, figura como uno de los aportantes. Desde el inicio de la investigación, el fiscal Luis Comparatore reclamó la indagatoria de Capaccioli, pero el juez recién lo convocó, y sin fecha, luego de que un periodista de DyN lo encontró el año pasado en Sudáfrica asistiendo al Mundial de Fútbol.
Oyarbide dictó el procesamiento de Capaccioli a raíz de la resolución 806 dictada el 27 de diciembre de 2007, donde se dispone el traspaso de 47.744.950 pesos a 52 obras sociales "para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades": el juez entendió que estaba "viciada y afectaría a la Administración Pública".
"No existe exposición de motivos que pueda justificar el por qué fueron elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud -dijo Oyarbide a lo largo de medio centenar de páginas-. No existe fundamento alguno que dé cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que fueran asignadas a cada una de ellas en particular". La agencia DyN intentó comunicarse varias veces con Capaccioli para conocer su opinión sobre el procesamiento, pero el ex funcionario no respondió los llamados.
En su momento, cuando le tocó declarar en la indagatoria, Capaccioli había dicho que "en su plataforma electoral el ex presidente Néstor Kirchner" buscaba garantizar la salud de los argentinos y por ello se elaboró un plan quinquenal "con esas 52 obras sociales que representaban el 58 por ciento del padrón de beneficiarios". El ex funcionario añadió que "inexplicablemente (ese plan) se abortó en el primer año" y de haberlo terminado se hubiera podido dar respuesta a toda la población.
Pero al juez Oyarbide no le alcanzaron las explicaciones dadas y advirtió que por "los altos cargos ejecutivos que ocupaban, los imputados en la SSS no podían desconocer la falta de atribución, facultad y competencia de ese organismo para la disposición de fondos destinados a la implementación de programas de prevención".
"Se trata de profesionales universitarios y/o terciarios cuya formación y desempeño laboral sin duda les permitía entender acabadamente las consecuencias e implicancias de la suscripción de los documentos referidos, así como las consecuencias concretas de su obrar", señaló el juez. Y por ello, añadió, "el dolo con el que obraron los imputados se ve plenamente demostrado habida cuenta que conocían perfectamente la imposibilidad de actuar en el sentido que finalmente lo hicieron y lejos de desistir de su accionar" lo concretaron, dijo el juez en su resolución.
Fuente: DYN
