Prohíben la internación de militares en hospitales castrenses

El Gobierno prohibió desde hoy a las Fuerzas Armadas "la internación o asistencia ambulatoria en hospitales militares de personas condenadas penalmente o procesadas con prisión preventiva que tengan o haya tenido estado militar", tras el escándalo por la fuga de dos represores la semana pasada.

Lo oficializó mediante la resolución 85/2013 firmada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en una norma de cinco artículos estableció que la prohibición "alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas".

La medida se adoptó tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central "Cosme Argerich" de esta Capital, ocurrido el jueves pasado, tras ser trasladados allí para su atención.

"Prohíbese al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado Mayor General del Ejército, al jefe del Estado Mayor General de la Armada y al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar", indicó el artículo 1.

A partir de ahora "todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o asistencia médica, vinculado a la situación de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar y que sea dirigido a esta jurisdicción, deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas y/o disciplinarias".

La norma deberá publicarse "en los respectivos Boletines Públicos de cada una de las Fuerzas dentro del plazo de los dos días hábiles de dictada".

Ayer, el Gobierno creó una Comisión de Asesoramiento Médico que se encargará de revisar los "antecedentes médicos" de presos por delitos de lesa humanidad, al tiempo que se estableció que los represores condenados no podrán atenderse en hospitales militares.

En medio del escándalo por la fuga de Olivera y De Marchi, el juez federal Claudio Bonadio investiga para determinar si ambos militares contaron con colaboración externa para poder fugar, tal como lo planteó el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, en una denuncia. Olivera y De Marchi habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en San Juan, y obtuvieron un traslado a Buenos Aires para someterse a estudios médicos en el Hospital Militar, del cual escaparon.

El Gobierno ofrece una recompensa de dos millones de pesos por cada uno para quien facilite datos que permitan su recaptura.