Proponen enjuiciar a todos las miembros de las FF.AA. y de seguridad que ocupaban cargos durante la dictadura

Un grupo de organizaciones defensora de los Derechos Humanos presentó un proyecto ante el Consejo de la Magistratura -entre otras autoridades de los tres poderes del Estado- para reclamar que se amplíen y destraben los juicios por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. También piden medios materiales para llevarlos a cabo y protección a los testigos para evitar que se repitan casos como el secuestro y desaparición de Jorge Julio López.

Esto no tendría nada de extraño ni novedoso, si no fuese por los polémicos detalles del documento: no sólo busca investigar a militares que hayan participado de la represión, sino que pide también que se divulguen los listados de todo el personal militar, policial, penitenciario y de inteligencia que hayan trabajado en ese período.

El documento, que también recibió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclama además que la Justicia impulse "la persecución de los civiles que participaron en el Gobierno o fueron ideólogos o cómplices de la dictadura o que, desde sus empresas, actuaron en connivencia en su propio beneficio". Así lo afirma el texto publicado hoy por el diario Ámbito Financiero, que lo obtuvo a pesar de que los participantes de la reunión se negaron a la presencia de los medios.

Este reclamo invertiría el concepto legal de la carga de prueba, ya que el acusado tendría que demostrar que es inocente, en oposición al principio jurídico vigente de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Además, involucraría a miles de personas, muchas de las cuales hoy integran alguno de los tres poderes del Estado.

El texto reclama, además, una masiva reforma judicial para unificar los juicios por zona, cadena de comando y centro de jurisdicción, algo que sería difícil de poner en práctica y que necesitaría una reforma constitucional, según los expertos consultados por el matutino.

"La unificación ideal debería realizarse bajo los principios de un juicio por cada jurisdicción, y en cada jurisdicción un juicio, a fin de permitir que en cada comunidad en que exista un Tribunal Federal pueda ser reparada mediante el desarrollo de su propio juicio", propone el documento publicado por Ámbito, que aspira a "perseguir la máxima acumulación de los procesos".

Las organizaciones que firmaron el texto son: Abuelas de Plaza de Mayo (presidida por Estela de Carlotto), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (María de Vázquez), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los derechos Humanos, y Servicio de Paz y Justicia, (liderado por Adolfo Pérez Esquivel).

Curiosamente, las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini no participan del documento, a pesar de haber sido una de las organizaciones que más defendió la política de derechos humanos del kirchnerismo.

"Los juicios contra el terrorismo de Estado son necesarias formas de reparación histórica", dice el texto, y por eso "su publicidad debe ser total y facilitada por el Estado, salvo que los testigos soliciten expresamente que su imagen no sea registrada ni difundida masivamente". Por último, reclama que "el Estado debe facilitar a las víctimas y a sus abogados los documentos reservados, permitiéndoles el acceso a la información útil al desarrollo de las querellas".