Con la firma de 15 legisladores, la oposición quiere replantear como se protegerá a la Argentina del ingreso de drogas. Los diputados son en especial de Pro y del Peronismo Federal, y si bien se refiere a la necesidad de contar con radares para detectar vuelos ilegales, establece además el protocolo de maniobras para habilitar el derribo de aeronaves que no se identifiquen.
El diputado Julián Obiglio fue quien motivó esta propuesta que acompañaron, entre otros Gabriela Michetti, Francisco de Narváez, Federico Pinedo y Eduardo Amadeo. En diálogo con La Nación, Obiglio dijo que "la frontera argentina es un colador y eso está acarreando graves consecuencias para el país. El gobierno nacional se hace el distraído y por eso hemos presentado este proyecto".
El objetivo es aprobar el proyecto en ambas cámaras para luego establecer un plazo de 180 días para dejar todo listo para la protección de la frontera norte. Dos años se necesitarán para instalar la red de radares necesaria y 18 meses para dotar a la Fuerza Aérea de aeronaves con capacidad de interceptar avionetas ilegales, y se consignan los pasos para permitir el uso de armamento contra los vuelos irregulares.
Para pasar a la destrucción de la aeronave infractora, hay seis pasos: reconocimiento visual de la aeronave irregular; verificación de datos en el centro de control de vuelos; determinada la irregularidad del vuelo, se intentará tomar contacto radical mediante la frecuencia internacional de emergencia; en caso de no responder a los avisos radiales, se considerará el vuelo sospechoso y se ordenará su aterrizaje mediante señales visuales; si se mantiene la desobediencia, se habilitará al piloto interceptor a disparar munición trazadora (que es visible en su trayectoria) a modo de advertencia; de persistir la situación, el vuelo será declarado hostil y se permitirá su derribo.
Oposición K. El gobierno nacional rechaza la posibilidad de este proyecto. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, siempre se opuso a esa alternativa durante su gestión en Defensa. Ellos argumentan las últimas experiencias de Perú, donde hace años fueron derribados dos aviones con personas que no habían cometido delitos.
A contramano, la oposición se apoya en Brasil, país que aprobó una ley de derribos, de similares características a la presentada por estos 15 diputados. Brasil hizo varios disparos de advertencia desde entonces y forzó el aterrizaje de los infractores.
Para contrarrestar a estos sectores opositores, el Gobierno pretende perseguirlas con unidades móviles de la Gendarmería, para lo cual se dotaría a esa fuerza de helicópteros Huey II, repotenciados en los talleres del Ejército en Campo de Mayo. Los gendarmes ya capturaron más de una veintena de aviones en los últimos dos años.
