"No voy a la marcha porque los fiscales son parte de un poder que tiene que dar respuestas en lugar de hacer reclamos. Además, no hay indicios de un homicidio. Es una marcha política y los fiscales que van son unos figuretis. Y los medios de comunicación capitalistas se aprovechan porque les conviene vender más noticias".
Las declaraciones que dan inicio a esta nota pertenecen al fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, quien además de pertenecer a Justicia Legítima, el colectivo de funcionarios judiciales que adhieren a los postulados del Gobierno nacional, ahora deberá intervenir en la denuncia que efectuara Alberto Nisman días antes de morir, la cual presentó el fiscal Gerardo Pollicita y fue desestimada por el Juez Daniel Rafecas y confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones.
Además de brindar sus explicaciones de por qué no concurría a un evento para el cual no hacía falta contar con invitación ni había que cancelar reservas, De Luca dijo en una entrevista efectuada por Adrián Ventura para el diario La Nación que “el silencio que dicen guardar quiere expresar que en la muerte de Nisman hubo algo raro y que un colega murió en un acto de servicio por haber denunciado a la Presidenta” y que eso no se puede “aceptar profesionalmente porque es una forma de meter un prejuicio y una intencionalidad en las hipótesis de investigación, que tienen que ser neutras”.
Una de las cosas más graves que afirmó el fiscal que dijo que sus colegas tienen que investigar y no reclamar justicia, es que la muerte de Alberto Nisman no se resolverá porque “se movía en un mundo de gente muy complicada”.
Para que no quedaran dudas de su alineamiento ideológico, De Luca cargó contra Clarín, a quien “le conviene que siga este Gobierno”, porque “tiene a quién pegarle todos los días; porque todos los días le pegan a un acto de gobierno”. Lo mismo planteó respecto del trato recibido por su espacio de referencia: “Nosotros somos Justicia Legítima y nos tratan como si fuéramos la quinta flota invasora”.
No es la primera vez que De Luca juega a favor de calmar las aguas del Gobierno frente a un escándalo. En noviembre de 2013 fue quien dictaminó que el vicepresidente Amado Boudou tenía razón en la causa Ciccone ya que no se sabía qué delito había cometido el hombre que, desde el ministerio de Economía, movió todos los hilos para conseguir la quiebra de la calcográfica para luego ser expropiada.
Previo a ello, en medio del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por la reforma del Consejo de la Magistratura para “democratizar” la elección de los jueces, De Luca renunció a la Asociación de Magistrados por estar en desacuerdo con las declaraciones efectuadas desde dicha entidad a favor de frenar la reforma. El medio que utilizó para que todos se enteraran de un acto privado fue una carta abierta en Página/12. Fue unos meses después de haber firmado la Solicitada por una Justicia Legítima, momento en el que brindó una entrevista para el mismo matutino en el que planteó la necesidad de un quiebre frente a la “corporación judicial” que, en virtud de los resultados a la vista, se trataría sólo de reemplazarla por otra.
En cuanto a la “corpo” judicial, De Luca tiene para contar. Según su propio Curriculum Vitae Ingresó al Poder Judicial de la Nación el 24 de abril de 1980, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia Especial en lo Civil y Comercial número 49. En marzo de del 81 pasó al fuero penal en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 20. Ya en democracia, el 11 de noviembre de 1985 fue nombrado con rango equivalente a secretario de primera instancia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, para luego ser Secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6. Inició la década de los noventas como Secretario de Cámara en distintos tribunales hasta que en 1993 fue nombrado Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ocupó diversos cargos hasta febrero de 2001, cuando ocupó su primer cargo en el Ministerio Público Fiscal de Nicolás Becerra, el mismo que nombró a Alejandra Gils Carbó como Procuradora General Adjunta.
Desde entonces, tras intervenir en numerosas causas como acusador de militares de la última dictadura, fue designado por Cristina Fernández de Kirchner, con acuerdo del Senado, para ser titular de la Fiscalía N° 4 ante la Cámara de Casasión Penal en septiembre de 2011. Desde allí, deberá decidir el futuro de la denuncia efectuada por Nisman cuatro días antes de aparecer muerto.
(*) Editor de Perfil.com | Twitter: @RelatoDPresente
