La abogada Andrea Belinda Askenazi Vera, de 37 años, dejó después de diez años la Fiscalía de Estado de Río Gallegos y reemplazó como jueza federal subrogante a Cecilia Álvarez. Si bien su paso por el juzgado federal recién comienza, trascendió que antes de asumir, fue presionada en los últimos días para que no asumiera el cargo y así la subrogancia quedara a cargo un abogado y amigo de Lázaro Báez, según pudo saber Perfil.com.
Afiliada al FpV, Vera era la asesora letrada del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz. Por sorteo, quedó segunda de la lista para reemplazar al juez titular Gerardo Caamaño, que está de baja médica. Inicialmente, Jorge Javier Echelini -ex secretario del gobernador de Chubut, Martín Buzzi-, había salido sorteado para el cargo, pero lo rechazó para seguir ejerciendo la magistratura en Comodoro Rivadavia, donde reside.
En el caso que la flamante jueza llegara a renunciar, el conjuez que ocupará su lugar es Alejandro Baldini, abogado, amigo y hombre clave en el emporio de Lázaro Báez. Una abogada de Río Gallegos reveló a Perfil.com que la conjueza "recibió llamados intimidantes para que no aceptara el puesto subrogante para que se hicera cargo Baldini", el 'cerebro jurídico' del vaciamiento de una constructora que permitió a Báez ser luego el principal destinatario de la obra pública en Santa Cruz.
"Ella tuvo que apagar el celular para no recibir más llamados. Como hoy está más cerca de Peralta que del cristinismo, aceptó el cargo pese a las presiones", confió a este portal la misma fuente.
El Juzgado Federal de 1º Instancia de Río Gallegos es clave para el kirchnerismo: en el despacho de la calle San Martín 709 de la capital provincial se dirimen las denuncias de corrupción contra funcionarios y empresarios con asiento en Río Gallegos, como es el caso del empresario santacruceño y presunto testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez.
Esta mañana, a la jura de Vera acudieron jueces y fiscales cercanos a la hija de Alicia K, Romina Mercado -fiscal general de El Calafate- y del senador nacional por Santa Cruz (FpV), Pablo González, quien logró introducir a dos abogados amigos en el lote de 21 conjueces para la Patagonia que el Senado de la Nación aprobó hace dos semanas sin que pasaran por el filtro del Consejo de la Magistratura.
Según su entorno, Vera siempre mantuvo un perfil muy bajo y con tareas técnicas. Su marido, Sergio Sepúlveda es el abogado de la empresa eléctrica estatal de Santa Cruz y también ingresó al polémico grupo de conjueces patagónicos, que abarca a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
