El juez federal Daniel Rafecas ya comunicó a sus colaboradores que si gana el concurso para ser defensor general adjunto ante la Corte Suprema abandonará su sillón de Comodoro Py. Su salida, que dependerá de cómo avance el examen, le daría al gobierno de Mauricio Macri otra vacante en los tribunales.
El año pasado, empujado por una catarata de acusaciones en el Consejo de la Magistratura, el polémico Norberto Oyarbide renunció tras dos décadas al frente de un juzgado federal. La situación de Rafecas no es la misma, porque las denuncias en su contra son sólo dos, aunque una de ellas –el cierre veloz de la presentación de Nisman contra Cristina Kirchner– lo colocó en una situación de vulnerabilidad ante los consejeros, y por ende, ante el poder político
Fuentes judiciales y del Gobierno dijeron a este diario que el oficialismo vería mejor que Rafecas acepte el cargo de defensor para el que se anotó si es que queda entre los elegidos. Entre otras cosas, porque obtener los votos dentro de la Magistratura para una suspensión y posterior jury no es nada sencillo. Quedó demostrado con el caso Freiler. Y en este caso, la acusación de mayor peso en contra del magistrado, si bien tiene fuerte trasfondo político, se circunscribe a cuestiones técnicas. Para los diputados nacionales Elisa Carrió y Waldo Wolff, Rafecas cometió irregularidades al cerrar la acusación del fiscal Nisman contra Cristina por encubrimiento del atentado a la AMIA. El Gobierno cree que hay elementos válidos para seguir con la acusación, pero entiende que lo mejor es una salida más elegante y menos ruidosa.
Rafecas habló con sus asesores y les dijo, según pudo reconstruir PERFIL, que aceptará la defensoría en caso de ganarla, pero les aclaró que eso nada tiene que ver con un eventual juicio político en su contra. “El sostiene que el Gobierno nunca tendrá los votos para echarlo por el contenido de su fallo en la causa Nisman. No se puede remover a un juez por el contenido de sus fallos”, contó una fuente de tribunales a este diario. “Además, él quiere la defensoría porque sería un ascenso, porque va a tener rango de camarista”, agregó la fuente. La otra denuncia que tramitan los consejeros es por haber permitido, en teoría, que la defensa de CFK adulterara los libros del caso Hotesur que estaban bajo custodia de su juzgado. Pero en la Casa Rosada aseguraron que esa acusación es más endeble porque, aún cuando fuera cierto, el responsable legal sería el secretario del juzgado, que además no puede ser acusado por la Magistratura, sino por sus superiores.
Vacante. En paralelo, el oficialismo aguarda a que pasen las elecciones para presentar las evaluaciones de los setenta aspirantes al cargo de Oyarbide. Una vez cumplido ese paso, el Consejo deberá resolver quiénes quedan para la terna y recién después el presidente Macri elegirá al reemplazante del ex juez. La evaluación de los antecedentes de cada aspirante quedó, por sorteo, en manos del consejero Juan Bautista Mahiques.
