Cumplimos 35 años de democracia, que es mucho más que votar. La democracia es respeto por los demás –especialmente si son una minoría–, es asumir responsabilidades, es definir entre todos qué queremos lograr en el futuro.
La fortaleza de la democracia depende de la libertad política y económica de los ciudadanos. Hay tantos ejemplos que no vale la pena mencionarlos. Los ciudadanos eligen a sus representantes, que deben respetar sus derechos más elementales: a la vida, la libertad y a la propiedad. Los gobiernos elegidos en votación no tienen carta blanca para decidir, sino que deben evitar favoritismos, confiscar recursos, corrupción… y sigue la lista. Ni siquiera deben hacer perder el tiempo con trámites confusos e innecesarios.
La libertad de opinión política o periodística de la cual gozamos también debería estar para el consumidor, que pueda elegir libremente lo que consume, y para que la empresa tenga beneficios para compensar los riesgos que corre cuando invierte y produce. Con la libertad viene la responsabilidad, asumiendo individualmente las malas decisiones. Por supuesto, esa libertad tiene límites, que están dados por las reglas definidas por infinitas regulaciones, desde leyes a decisiones administrativas de organismos de todo tipo. Las regulaciones no solo son un costo en tiempo y dinero, a veces son de cumplimiento imposible.
El tema más importante que tenemos que definir como sociedad es la estabilidad de las reglas. Hay muchas y el Estado está en proceso de cambiar reglas. Modernicemos todas las que se pueda, y luego debemos intentar que no se modifiquen constantemente, ya que eso supone como mínimo una pérdida de tiempo en discutirlas, implementarlas y hacerlas cumplir cada vez. Fundamentalmente destruyen todo aliciente a la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay forma de aumentar empleo, no hay forma de reducir la pobreza.
Hoy permitimos una actividad aquí, mañana no, en este lugar sí, cerca de aquello no. Los ejemplos son innumerables: horarios de supermercados, establecimientos con ruidos molestos, altura de los edificios, estacionamiento en las calles, etc. Para no hablar de tránsito pesado, agricultura, minería, etc. Debe haber reglas, razonablemente consensuadas, pero sobre todo, racionales y no para favorecer al amigo. ¡Si se ponen, que se cumplan por todos por igual!
Por supuesto que hay reglas mejores que otras, por supuesto que hay cambios en la sociedad y sobre todo en la tecnología. No digo que no se consideren esos cambios, al contrario, debemos acelerar para quitar normas que tienen cien años o solo son un “peaje”. Simplemente lo que no debe ocurrir es que cada nuevo ciclo democrático con nuevos representantes –desde el consejero escolar hasta el Presidente– implique cambios en las reglas que destruyen incentivos, capital, deslindan responsabilidades y en definitiva terminan afectando el desarrollo de nuestro país.
Asimismo, las reglas deben pensarse con vocación de largo plazo. Valga un ejemplo: la semana pasada el Congreso votó en contra de un Acuerdo Comercial entre Chile y Mercosur. Es preocupante semejante miopía. El comercio es bueno, y con nuestros vecinos aún mejor. Obviamente el Acuerdo traería aparejados ganadores y perdedores en el corto plazo y los que más chillan son los perdedores. ¿Cómo puede ser que nos parezca que comprar y vender más es un problema? ¿Tememos a las importaciones porque nos obligarían a ser más competitivos? Sepamos entonces que tendremos un crecimiento nulo: sin competencia no hay crecimiento. ¿Queremos exportar y vender más, pero sin someternos a los controles de calidad del comprador? Sin más exportaciones, no tenemos ningún futuro como país.
La democracia es elegir a quienes nos gobiernan. Ellos deben elegir las mejores opciones, pensarlas bien y ser consistentes. Nadie debe aferrarse mediocremente a un pasado que por definición ya no existe.
Estamos ante un gran desafío y oportunidad de modernización del Estado que nos permita crecer. ¡Vamos!
(*) Economista Ucema.
