La Justicia ordenó reabrir la causa "Skanska", el primer escándalo de presunta corrupción del gobierno kirchnerista, y reflotó la validez de una prueba clave, una conversación que corroboraba el pago de coimas por la adjudicación de obras públicas.
Durante la investigación que cerró en el año 2011, el caso salpicó a funcionarios que dependían del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, cuya cartera fue allanada en esa ocasión.
La Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, resolvió revocar la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que había excluido como medio de prueba la grabación secuestrada en un allanamiento a la sede de la empresa Skanska.
Además, la Cámara ordenó "imprimir celeridad al trámite de la investigación" en manos del juez federal Sebastián Casanello y paralizada desde 2011.
La causa investiga el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas para ganar licitaciones en la ampliación de gasoductos en el norte y en el sur del país: se hallaban comprometidos el ex titular del Enargas Fulvio Madaro -que dependía del ex ministro de Planificación Julio De Vido- y el ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.
Durante la primera pesquisa se allanó el Energas como el ministerio a cargo de Julio de Vido.
En la grabación, el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate y el síndico de la compañía Claudio Corizzo, quien estaba a cargo de una auditoría interna, hablaban de las coimas para la construcción de obras de gasoductos en el norte y el sur del país.
Con un micrófono oculto, Corizzo registró en 2006 cómo Azcárate decía: "Es un negocio de cien millones de dólares, de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, 200 millones de palos verdes. ¿Y vos le vas a tirar el negocio abajo, al tipo que hizo todo el tromping y al muchacho, al 'pingüino' de acá a dos cuadras?".
El ex gerente de Skanska decía que la empresa sueca coimeó para participar de la ampliación de gasoductos y contaba cómo el uso de facturas truchas ayudó a concretar la maniobra para justificar el pago de los sobornos.
En 2011, la Sala I de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah, decidió anular esa prueba diciendo que no podía usarse porque se trató de una grabación clandestina en la que Azcárate se autoincriminaba.
También concluyó en base a una pericia que no hubo sobreprecios en las obras de los gasoductos y que por lo tanto no hubo coimas. El entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, apeló y el actual titular de ese organismo, Sergio Rodríguez, mantuvo la discusión para que la grabación sea aceptada.
Ahora Casación aceptó el planteo. El juez Borinsky señaló que "las grabaciones efectuadas por particulares, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles".
Según Borinsky, "Azcárate contó a Corizzo lo que había sucedido sin presiones de ningún tipo, conociendo las consecuencias de sus dichos, pues su relato estaba dirigido a quien la empresa había dado la función de averiguar lo ocurrido".
Por su parte, Gemignani indicó que "la declaración no fue realizada de forma subrepticia, y consecuentemente el contenido de las expresiones, no han sido obtenidas de manera fraudulenta en el procedimiento administrativo de la firma, sino específicamente como parte de un procedimiento de investigación".
En disidencia, la camarista Ledesma sostuvo que el análisis de la grabación como prueba corresponde a los jueces que tuvieron la causa y que ninguno de ellos la utilizó para resolver los expedientes.
