Tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad, al momento de estar siendo atendidos por derivación judicial en el Hospital Militar Central, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que se produjo el pase a retiro y el relevo de funciones del personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud.
Se trata del director General de Salud, General Marcelo Carlos Gutiérrez; el jefe del dpto. técnico de la Dirección General de Salud, Coronel Carlos Alberto Ramos; el jefe del Departamento Operativo de la Dirección General de Salud, Coronel Eduardo Jacinto Alemanzor; el director del Hospital Militar Central, General Juan Carlos Adjigogovic; el director asistencial del Hospital Militar Central, Coronel Pedro Osores; y el encargado de la oficina de ayuda humanitaria del Hospital, suboficial mayor Eduardo Oscar Suárez.
Por otra parte, se informó que con motivo de evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones similares, Rossi firmó una resolución por la cual prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente, informó el un comunicado la cartera de Defensa.
Denuncia al SPF. Asimismo, el Ejecutivo Nacional denunció ante la Justicia al personal de traslados del Servicio Penitenciario Federal (SPF), después de la fuga de dos exrepresores condenados por delitos de lesa humanidad.
Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera se fugaron anoche del Hospital Militar Cosme Argerich. Habían sido trasladados para ser atendidos en especialidades como psiquiatría, kinesiología y dermatología, por orden del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan.
"Además de la investigación sobre los agentes penitenciarios que efectuaron el traslado y sobre la actuación judicial que lo motivó, (se pide) que se investigue también al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad", argumentó el Ministerio de Justicia, encabezado por Julio Alak, en un comunicado.
El texto de la denuncia menciona además que familiares del exteniente Olivera trabajan en el Hospital Militar de Palermo. "No es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera, cumple funciones en el referido nosocomio", agrega. Según trascendió, se trata de Marta Noemí Ravasi de Olivera, psicóloga y esposa de uno de los prófugos. La mujer trabaja como psicóloga en el Hospital Militar y fue precisamente quien presentó el pedido de traslado hacia el nosocomio porteño ante el juez Leopoldo Rago Gallo.
De acuerdo con el comunicado, el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, presentó esta mañana la denuncia penal ante la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.
"Personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal había efectuado el traslado y entregado a los nombrados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad", sostiene la denuncia penal. "Luego de ser llevado a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar. No obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos", informó el texto.
Alak solicitó que se investiguen en profundidad los hechos, ya que "ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal N II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de Tránsito al mencionado Complejo, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, a efectos de cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal 2 de San Juan, a cargo del Dr. Miguel Angel Gálvez".
"Los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida", comentó Alak. El ministro precisó también que "fue inmediatamente puesto en disponibilidad y sumariado el personal penitenciario involucrado en los hechos".
Recompensa. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de dos millones de pesos en cada caso, para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de los represores, informó la agencia Télam.
Críticas contra Hortel. El Jefe del Servicio Penitenciario Federal, cuestionado por su relación con el llamado "Vatayón Militante", también recibió críticas por la fuga.
"El Jefe del Servicio Penitenciario que se hizo famoso por tocar en una murga de detenidos y por permitir la salida de presos para ir a actos de su agrupación kirchnerista hoy se anota un nuevo papelón: se escaparon represores que estaban bajo su custodia", afirmó el diputado Carlos Comi (CC-ARI de Santa Fe).
El legislador, que había denunciado penalmente a Hortel el año pasado por las salidas de presos, anticipó que pedirá citarlo al Congreso para dar explicaciones. "Vamos a citar al responsable del Servicio Penitenciario para que venga a la Cámara de Diputados a explicar cuáles fueros las precauciones tomadas para que estos dos delincuentes hayan logrado fugarse pese a estar bajo la custodia del organismo que tiene a cargo y para que dé a conocer las razones de este episodio", sostuvo en diálogo con el diario Clarín.
